Se trata de los banqueros Alan Mc Donald y Eduardo Oteiza, quienes, pese a la medida dictada por la Sala Segunda de la Cámara Federal continuarán vinculados al expediente.
El tribunal de alzada se pronunció por profundizar la investigación a fin de establecer la posible existencia de otros delitos.
Mc Donald y Oteiza habían sido procesados por el juez de instrucción Mariano Bergés, quien tuvo a su cargo una investigación tendiente a establecer si ambos directivos del ScotiaBank habían defraudado a un ahorrista perjudicado por el corralito a comienzos del años pasado, en tiempos de la mayor virulencia judicial a raíz de las medidas restrictivas que impedían el retiro de los depósitos bancarios.
Bergés procesó a ambos directivos por el delito de "desobediencia judicial" al no haber acatado una orden que los obligaba a devolver los depósitos al ahorrista Horacio Martiré, pese a haberse comprobado que la entidad reunía "la posibilidad de efectivo pago", pero como en este y otros sumarios relacionados con el dinero "acorralado" se investiga también la responsabilidad de funcionarios públicos, pasó las actuaciones a la Justicia Federal.
El 17 de abril del año pasado, Martiré se presentó con una orden judicial a retirar un plazo fijo que sus padres tenían en la sucursal de Scotiabank ubicada en la calle Santa Fé 2700 de esta Capital Federal.
Según consta en el expediente, en esas circunstancias las autoridades del banco, le dijeron al ahorrista que regresara al día siguiente que le devolverían su dinero, pero al volver encontró que la entidad estaba cerrada.
Es más, Martiré no pudo hacerse de esos depósitos ya que unas semanas después el Scotiabank fue intervenido por el Banco Central y dejó de operar en el mercado.
Las actuaciones fueron giradas a la Justicia Federal luego que Bergés se declarará incompetente, y ahora interviene en el expediente el juez Jorge Luis Ballestero, quien deberá profundizar la investigación.
Ante la apelación de la defensa de los directivos, los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi consideraron, en ese sentido, que las pruebas que había colectado Bergés eran insuficientes.
En esta causa deberá profundizarse la responsabilidad que le pudo caber a las autoridades del Banco Central, al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y al ex presidente Fernando de la Rúa.