La gravedad del caso motivo que el actual presidente de Perú, Alejandro Toledo, aclare que ninguno de los condenados por esas normas quedará libre tras el fallo de la Corte sino que los mismos deberán someterse a nuevos procesos.
En ese sentido, Toledo aseguró que “la sentencia del Tribunal Constitucional no ordena que se abran las puertas o ventanas de las cárceles para que los terroristas salgan a la calle, dice que se inicien nuevos juicios para los terroristas que fueron juzgados por jueces sin rostro (encapuchados para ocultar su identidad)"
El tribunal peruano tomó la medida y declaró nulas varias leyes que llevaron a prisión a miles de guerrilleros acusados y juzgados por terrorismo en cortes militares sin el debido proceso.
La controversia se generó cuando algunos analistas judiciales precisaron que con este fallo se abría el camino para que los 2.500 guerrilleros presos acusados de traición a la patria soliciten nuevos juicios en cortes civiles, en línea con las normas internacionales en materia de derechos humanos.
Ese cuadro normativo había sido creado por en 1992 por Fujimori, cuando promulgó las leyes antiterroristas después de dar un autogolpe y cerrar temporalmente el Congreso con el apoyo de los militares.
Las normas permitieron juicios sumarios a los sospechosos de colaborar con los grupos guerrilleros y en muchos casos, según observadores, al parecer se condenó a inocentes.
Actualmente Perú tiene alrededor de 2.500 personas encarceladas por cargos de terrorismo y traición a la patria, entre ellos Abimael Guzmán, líder del maoísta Sendero Luminoso, y Víctor Polay, del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.