La Defensoría realizó el reclamo mediante la publicación de la resolución 91/03 en donde se pidió que se incluyan en el Presupuesto General de 2003 las partidas de dinero que sean necesarias para lograr poner en funcionamiento esa comisión que integra uno de los tantos ítems incluidos en la Ley 447 que -pese a que fue sancionada en el 2000- aún no fue reglamentada.
En ese sentido, el defensor del Pueblo adjunto, Alejandro Nató manifestó que la carencia de la reglamentación de esa norma conspira contra “la implementación de las políticas públicas para enfrentar la problemática de las personas con discapacidad".
Asimismo, Nató expresó que "resulta imprescindible que se designen a los funcionarios a cargo de la Comisión y que se cree el Registro de Organizaciones e Instituciones que deben integrar el Comité Consultivo".
Para Nató es “fundamental” una estructura fuerte y consolidada para defender y promover los derechos de los discapacitados y agregó que “no pueden esgrimirse argumentos presupuestarios restrictivos para estos casos”.
La Defensoría, el Foro Pro del Episcopado de la Ciudad de Buenos Aires y las comisiones de discapacidad de la Central de Trabajadores Argentinos y la AMIA manifestaron en un comunicado de prensa su intención de que este tema tenga en el corto plazo algún tipo de solución.