20 de Noviembre de 2024
Edición 7095 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 21/11/2024

Locos por el CER

Un veto presidencial del 9 de enero que obliga a los deudores a cancelar la actualización de sus créditos agregándoles el CER moviliza al Congreso y a las entidades de defensa de los consumidores, que hoy se anoticiaron del tema merced a la nota de un matutino.

 
El 9 de enero fue publicada en el Boletín Oficial la ley que reglamenta el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), 25.713. El decreto del PEN 44/2003 promulgó la ley aunque vetando algunas de sus disposiciones. Sin embargo, recién hoy, desde las páginas de Clarín se encabezaba: Muchos deudores que cancelaron la última cuota de sus créditos el año pasado deberán volver al Banco para seguir pagando, y fue el disparador que puso en alerta a diputados y asociaciones de defensa del consumidor.

Los tomadores de créditos, perjudicados por un veto presidencial que los obliga a pagar el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) con retroactividad, podrán recurrir a la Justicia o juntar firmas para que el Congreso trate una nueva ley que los exima de actualizar sus deudas.

Una de las variantes que comenzó a evaluarse en los organismos de defensa de consumidores es recomendar a los deudores por créditos hipotecarios, prendarios o personales que soliciten su propia convocatoria de acreedores en un intento por revertir la situación.

De hecho, legisladores de las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Congreso Nacional instruyeron hoy a los asesores del área a analizar los alcances del veto de una ley complementaria que eximía de la aplicación del CER a los deudores con anterioridad al 30 de septiembre de 2002.

“Vamos a estudiar el tema”, dijeron a Diariojudicial.com desde el despacho del diputado radical Fortunato Cambareri, integrante de esa comisión.

El veto pone ahora a los deudores en la obligación de cancelar la diferencia, a pesar de que durante el año pasado cumplieron con el pago de sus cuotas, ya fuese sobre créditos hipotecarios, personales o prendarios.

La titular de ADECUA, Sandra González, anticipó que los abogados de la entidad comenzarán también a trabajar sobre el tema. “De todas formas, si se necesitan las 630 mil firmas para impulsar un nuevo proyecto que salvaguarde los intereses de los deudores, creo que las juntamos en un solo día”, dijo.

El inconveniente para una iniciativa de ese tipo es que el Congreso Nacional se encuentra en el período anual de receso y solamente una medida cautelar de la Justicia podría suspender la aplicación de la normativa, según sostienen asesores legislativos.

Además, los deudores que se apuraron a cancelar el año pasado los créditos tomados no recibieron de los bancos ningún certificado que así lo expresara, ya que las entidades estaban a la espera de una circular del Banco Central que aclarase la situación.



dju / dju
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