Los integrantes del alto cuerpo, manifestaron que carecía de validez “el acto sobre el que se funda la facultad de cobrar aranceles” y de ese modo entendieron que tal disposición tenía que quedar sin “efecto”.
Además, los ministros le advirtieron al Consejo de la Magistratura que de permanecer la condición de cobro de aranceles para tomar parte en los concursos podría ordenar “sanciones”.
En la resolución de la Corte se explicó que antes de la creación del Consejo de la Magistratura el alto tribunal estableció mediante una acordada arancelamientos, pero se aclaró que los mismos sólo eran con el fin de "solventar los costos materiales de servicios que no son inmanentes a la actividad jurisdiccional o propiamente administrativa".
En el texto, se recordó que cuando la ley 23.853, de autarquía del poder judicial, fue sancionada le otorgaba la atribución de poner aranceles a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y no así al Consejo de la Magistratura.
La Corte tomó la medida cuando resolvió un planteo que interpuso el abogado Miguel Angel Radrizzani Goi, cuando desde el cuerpo, se le había exigido el pago de una suma de dinero para anotarse en un concurso y cuando se negó a cumplir con ese trámite quedó fuera de competencia.
Al momento de la presentación este abogado había planteado que el Consejo "carecía de facultades para establecer aranceles" al tiempo que mencionó que el artículo 114 de la Constitución Nacional no comprende esa potestad ya que mencionó que el cuerpo “sólo administra los recursos y ejecuta el presupuesto que la ley asigna a la administración de justicia".
La resolución de la Corte contó con los votos de Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Antonio Boggiano y Guillermo López y permitirá que todos los candidatos a jueces concursen sin ningún pago previo.