Sin embargo, los datos en general se muestran optimistas ya que el cien por ciento de los organismos que deben presentar la nómina de funcionarios obligados a entregar declaraciones juradas de bienes lo hicieron, mientras que ese porcentaje decrece al 92,9 por ciento cuando se mide el total de obligaciones y el cumplimiento por parte de 33.503 funcionarios de distintos organismos en el orden nacional.Vale decir que los organismos cumplieron, y casi un siete por ciento de los funcionarios que se desempeñan en los mismos no cumplieron con esa obligación.
El actual Director de la OA, Manuel Garrido; su antecesor en el cargo, José Massoni y el Director de Planificación de Políticas de Transparencia, Nicolás Raigorodsky, presentaron hoy formalmente el informe anual correspondiente al período 2002, en el cual reivindicaron la participación argentina en la redacción de una futura Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción institucional.
En ese encuentro se hizo hincapie en la necesidad de crear mecanismos para que los candidatos políticos presenten sus declaraciones juradas, pero se reconoció que sólo están obligados a hacerlo quienes ocupan u ocuparon cargos como funcionarios públicos, tal el caso de los ex presidentes Carlos Menem, Adolfo Rodriguez Sáa y el ex ministro Ricardo Lopez Murphy, quienes ya lo habían hecho con anterioridad.
Sin embargo, manifestaron su deseo que los candidatos que encabecen las listas de los distintos partidos “se comprometan” a dar a conocer sus políticas de lucha contra la corrupción. “Vamos a ofrecer a los candidatos toda nuestra experiencia durante estos tres años”, expresaron.
En el informe, se advierte que “en un año electoral, la cuestión del control de la gestión pública debe ocupar un lugar central en los programas de gobierno de todos los partidos, y, más aún, debería ser objeto de un consenso que permita elevarlo a la categoría de política de Estado, mas allá de las circunstancias políticas”.
Asimismo, la OA considera como “inadmisible la dilación de los procesos judiciales que deben decidir acerca de las sanciones a aplicarse a quienes han cometido actos de corrupción”, al destacar que la oficina presentó “desde el comienzo de su gestión, mas de 600 casos ante la justicia”.
“Sin una clara señal de afirmación del imperio de la ley y de que los desvíos en la gestión pública serán castigados, se vuelve a herir la aludida confianza de los ciudadanos en las instituciones, y aquellos que cometieron actos de corrupción, lo seguirán haciendo”.