El inusual auto de apertura del concurso, fue decretado por el titular del juzgado comercial Nro. 6 , Dr. Rodolfo Herrera .El caso es de tal complejidad que muchos auguran un final en la Corte Suprema de Justicia.
La resolución de Herrera no tuvo precedentes en la historia del mercado asegurador argentino. Hasta ese momento, las compañías de seguros se liquidaban, con intervención de la Superintendencia de Seguros de la Nación en su carácter de Síndico y la lógica participación de un juzgado comercial como titular de dicho proceso. Existen por lo menos dos leyes federales que prohíben expresamente el concurso preventivo. Tal es lo que expresa el escrito de apelación de la S.SN, que califica de “contra legem” la medida adoptada por el juez de primera instancia. Esta apelación fue denegada por Herrera , pero concedida luego por la Cámara Comercial.
Sin embargo, la historia de IAB, es insignificante comparada con lo que puede haber detrás de ella. Es que la empresa solo existió unos meses con ese nombre. Según la revista especializada Estrategas , antes de que la misma Superintendencia permitiera su cambio de denominación, IAB era Sudamérica Cia. de Seguros de Vida y Patrimoniales., una de las empresas mas importantes de la Argentina, cuya casa matriz era la mega aseguradora brasilera, Soul América de Brasil.
Los brasileros decidieron abandonar el barco cuando cayeron en la cuenta de que el emprendimiento no era rentable . Entonces todo se tornó confuso.
Sudamérica solicitó cambiar de denominación. –En el ínterin, recibió no menos de 19 pedidos de quiebra, por parte de empresas como el Banco Provincia y Telefónica de Argentina. Sin embargo ninguno de ellos fue tramitado ya que antes la aseguradora cumplió con sus obligaciones. Después, se convirtió en IAB, pero nunca se supo para qué ya que a menos de un año de esta mutación, la empresa primero solicitó su autoliquidación voluntaria a la Superintendencia de Seguros, y luego, en un hecho inédito, pidió su concurso preventivo a la justicia.
Según los abogados de la empresa, el concurso era el único camino para que todos los acreedores pudieran cobrar. Sin embargo la empresa no cuenta con bienes inmuebles, y según diversas fuentes, parte de sus activos lo configuraría un reclamo contra el INDER por 30 millones de pesos. Las versiones afirman también que existirían 20 millones que representarían activos reales. Pero el propio magistrado de primera instancia, en una de sus resoluciones afirma que la aseguradora habría colocado sus bienes en negocios “inexplicablemente aleatorios”.
Existen por lo menos 5400 juicios, iniciados por asegurados y terceros, muchos de los cuales aun no tienen sentencia firme.
Las fechas de la reunión de acreedores y los plazos de verificación ya estaban fijados en el expediente. Sin embargo, estos se encuentran ahora suspendidos hasta tanto exista una resolución firme del Tribunal Comercial sobre la validez o invalidez del auto de apertura del concurso dictado por Herrera. Si se decidiera sobre la invalidez del mismo, la existencia de la empresa quedará nuevamente en manos de la Superintendencia de Seguros de la Nación, quien podría decidir la continuación de la liquidación voluntaria o decretar una liquidación forzosa. Eso, siempre y cuando no se interpusiera otro recurso que llevara el caso a la Corte Suprema de Justicia. Hasta que todo esto suceda, los acreedores vivirán en la incertidumbre.
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