04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

EL REGRESO DE LOS MUERTOS VIVOS.

 
En agosto del 2001, por las muy difíciles condiciones económicas en que se sumergió el país, el Consejo de la Magistratura había suspendido la compra de material de consulta, jurisprudencia, libros y demás publicaciones, destinados a los miembros del Poder Judicial. Por esas fechas se gastaban cerca de 2 millones de pesos (gloriosos dólares del uno a uno) en ese rubro. Pero el pasado miércoles el Consejo atendió y entendió (¿resignado a prestigiosos lobbies?) que los jueces deben tener material de consulta y autorizó a que se gaste la módica suma de 780 mil pesos en jurisprudencia. De ese modo, de ahora en más las bibliotecas de todos los tribunales del país recibirán dos colecciones completas, una de material especializado y otra general. Habría que ver si el presupuesto de seis dígitos, se gasta de forma inteligente y con la austeridad que las actuales horas merecen, no olvidemos las denuncias del fiscal Bruzzone sobre tachos de basura llenos de publicaciones, bibliotecas con material inútil o sin clasificar o compras impuestas por las editoriales en combos obligatorios más dignos de un Big Mac que de la necesidad de actualización de los miembros de un poder del Estado.

INEXPLICABLE. Parece mentira que después de haber hecho un esfuerzo presupuestario en los últimos años para dotar de redes informáticas de los tribunales nacionales -no son ninguna maravilla pero andan y están- todavía no se las aproveche a fondo. En todas las dependencias, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, las resoluciones, dictámenes y sentencias abandonaron para siempre a las viejas Remingtons y Olivettis –ya hoy piezas de museo- para hacerse en computadoras. Así, sin quererlo, la jurisprudencia de toda la justicia está hoy por hoy digitalizada. Pero a nadie se le ha ocurrido hasta ahora, sistematizar el material en una simple base de datos, para que un juzgado pueda ver qué resolvió un colega del mismo u otro fuero, un tribunal superior o hasta la misma Corte Suprema, sin necesidad de comprar colecciones, suscripciones y demás publicaciones jurisprudenciales, que cuestan dinero, y mucho, a las alicaídas arcas del estado. Si cada instancia aportara obligatoriamente sus fallos a una base de datos centralizada, se ganaría en velocidad (la jurisprudencia estaría disponible en forma inmediata, sin necesidad de esperar su publicación), en confiabilidad (un simple número de registro, al estilo del Boletín Oficial aseguraría citas correctas y minimizaría errores de transcripción al ser la misma fuente de los fallos la que los publica), y en ahorro (el Poder Judicial dejaría de comprar la jurisprudencia que él mismo produce y que entrega sin cargo para después volverla a adquirir con gran esfuerzo presupuestario).

CYBERESTAFAS. Justo cuando los emprendimientos de internet se entusiasman con mostrar resultados que logran derrotar las predicciones agoreras de estos últimos años –derrumbe del NASDAQ y violento pinchazo de la “burbuja de internet” mediante-, hay dos empresas que vienen demostrando que la red tiene modelos de negocios en alza: Deremate.com y Mercadolibre.com. Pero como ya es toda una tradición en la Argentina, a toda empresa exitosa le florece un costado judicializable. Este modelo de negocios basado en la vinculación entre compradores y vendedores, evitando así la intermediación y abaratando precios, tiene también sus bemoles. Es que los famosos cuentos del tío también tienen su espacio dentro de las nuevas tecnologías: así las fiscalías en lo criminal de la Capital, dueñas de todas las causas con autor desconocido (NN), empezaron a ver estas estafas cibernéticas, que de sapiencia tecnológica tienen poco y nada y de viveza criolla la cuota suficiente. Ya hay unos cuantos casos de mercaderías que compradas por estos métodos, no son enviadas (sobre todo cuando comprador y vendedor no están en la misma ciudad y el pago debe hacerse previo al envío). Lo que ha dado pie al inicio de disputas procesales, donde se debate la cuestión de la competencia territorial, un tema que para las cuestiones que tienen que ver con internet, es especialmente peliaguda. Si bien nadie se va a pelear para tener más trabajo, lo bueno sería que alguna de las cámaras de apelaciones fijen un criterio jurisprudencial para la determinación del juez competente atento a las distintas variables que tiene la operatoria a través de la red.

BATALLA CAMPAL. Cuando menos inédita fue la situación que se vivió frente a los tribunales de Comodoro Py 2002 el miércoles pasado, en el arranque del juicio oral y público a integrantes de Quebracho, cuando la negativa de un grupo de piqueteros “duros” a apagar los neumáticos encendidos a modo de barricada terminó en una gigantesca corrida, con cristales rotos a granel en los autos estacionados en el lugar. Después del susto, y el disgusto de los propietarios de los automóviles atacados, los periodistas acreditados se preguntaban: ¿Por qué, si se esperaban incidentes -como confesó un jefe policial a un cronista de Diariojudicial.com- se permitió el estacionamiento en la zona? El jefe del operativo, el comisario Trezeguet, aseguró que con la represión se buscó “contener” a los “revoltosos”. Sin embargo, una decena de gases lacrimógenos lanzados en segundos produjo lo contrario: el desbande de proporciones con centenares de autos como virtuales barricadas. (Como una camioneta 4x4 verde que incluso se intentó incendiar con un trapo encendido sobre la boca del tanque de nafta). También generó dudas la aparición -percibida por los cronistas y refrendada después por el testimonio de un fiscal federal- de una moto desde la cual también se rompían cristales, incluida la luneta trasera de un viejo Falcon negro estacionado en el lugar por los mismos manifestantes. Mientras tanto secretarios, fiscales y defensores –los jueces tienen playa custodiada – del vecino edificio de Avenida de los Inmigrantes, al escuchar el desplazamiento de los desmanes, corrieron en patota a poner sus vehículos a salvo. Es que estando en la justicia nadie mejor que ellos saben que si tienen algo roto no se lo pueden reclamar ni a Magoya.



alejandro s. williams / dju
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