La Ley de Emergencia Policial resquebrajó como una nuez la estructura de lo que en algún momento se dió en llamar “La maldita policía”, la fuerza de seguridad con mayor número de efectivos del país, que guarda un estigma difícil de superar: la corrupción. De sus filas surgieron los oficiales y suboficiales que hoy están siendo juzgados como integrantes de la conexión local por el atentado contra la AMIA.
En ese juicio se escuchó semanas atrás el nombre de Federico Domínguez, de boca del ex jefe de la Policía Bonaerense Adolfo Vitelli, quien lo señaló erróneamente como ex “subsecretario” de seguridad durante la gestión de Eduardo De Lázzari al frente de la Secretaría de Seguridad, en el gobierno de Duhalde, cuando en realidad se desempeñaba como integrante del equipo de asesores del área.
Domínguez, actual presidente de la Cámara de Casación Penal de la Provincia, deberá responder por escrito en las próximas semanas las preguntas que en ese sentido le formule el TOF-3 y los fiscales, y por esa razón se guarda de anticipar detalles de su intervención, en relación con las acusaciones de Vitelli, quien lo señaló como el funcionario que pidió el “sobreseimiento” de un policía en un sumario administrativo, durante la purga en las filas policiales, allá por 1997.
En un reportaje concedido a Diariojudicial.com, Domínguez aseguró que siempre faltó “voluntad de investigar” las responsabilidades policiales en la causa AMIA ya que “la estructura fue siempre de cobertura y de encubrimiento”. Domínguez asegura que los policías del organismo “especial” de la policía bonaerense que colaboró en el tramo de la causa AMIA, que se conoce como “Brigadas”, cumplió con las directivas impartidas por el juez federal Juan José Galeano, y que la Secretaría lejos de interferir en la investigación abrió puerta y colaboró en forma directa. Por otra parte recordó que había sido una ofensa a las víctimas del atentado, el hecho que a los policías implicados en la llamada “conexión local” no se les hayan quitado las armas, y que, por un lapso de tiempo continuaran como si estuvieran en servicio para la administración pública. Desbordado de obligaciones y compromisos de último momento Domínguez hace un alto para explicar en un bar porteño tan sólo parte de lo que piensa responder cuando sea convocado en el juicio por la voladura de la AMIA.
DiarioJudicial.com: ¿Cuál es su opinión sobre las declaraciones del ex jefe de la Policía Bonaerense, comisario Vitelli, quien le atribuyó a usted la responsabilidad de haber resuelto la situación de policías que investigaron la causa AMIA por un sistema de “premios y castigos”?
Federico Dominguez: Yo había actuado en el Poder Legislativo y llegué a la gestión pública en el ejecutivo, por invitación del doctor Eduardo De Lázzari, que era el Secretario de Seguridad cuando se dispuso la emergencia policial, en octubre o noviembre de 1996. El gabinete de De Lázzari quedó constituido por un equipo de seis asesores que yo integraba, y el subsecretario era el doctor Alejandro Granillo Fernández. Nuestra función era la de asesorar en todos los actos administrativos de la función del secretario, y entre otras cosas estaba el estudio de lo que surgía de la Ley de Emergencia Policial, que permitía efectivizar las prescindibilidades, despedir como si fuera un telegrama laboral, sin necesidad de causal de despido. Sobre el análisis de ese tipo de instrumentos, de sumarios que venían desde muy antiguo, de expedientes que ya tenían mucho atraso, mucha queja, se hacían los dictámenes y se enviaban o no se enviaban los telegramas. De alguna manera lo que se pretendió desde la función nuestra era asesorar correctamente para hacer efectiva la aplicación de la ley de prescindibilidad.
DJU: ¿En ese marco de reestructuración funcionó el área especial que colaboró con la causa AMIA?
FD: El área policial “especial” se creó dentro de la Secretaría de Seguridad y quedó a cargo del comisario inspector Vicat mediante un decreto, que creo, firmó el secretario (De Lázzari) y el gobernador (por entonces Eduardo Duhalde), donde fundamentalmente se la asignaba, por pedido del doctor Galeano, la investigación de aquellas cuestiones vinculadas a la causa AMIA que se conoce como “causa Brigadas”. Esta área especial se crea con una finalidad fundamental, que es la colaboración con el juzgado de investigación en la causa Brigadas y todas aquellas cuestiones vinculadas a la Policía Bonaerense en cuanto tuvieran relación con la investigación federal.
DJU: ¿Vale decir que se creó un “área especial” directamente dedicada a investigar a los policías que habrían entregado la Trafic con la que se cometió el atentado?
FD: Una vez en el ejercicio de la función nos dimos cuenta, viendo la problemática, que surgían otros problemas como casos de gatillo fácil, robos de “horas cores”. Es decir que a partir de ahí los integrantes del “área especial” no solamente se limitaron a la causa Brigadas, sino que hubo otras investigaciones que se nos pidieron, o que nosotros tuvimos que hacerlas para resolver expedientes administrativos de prescindibilidad o de cesantías, que nos faltaba contar con documentación o con una averiguación complementaria. Nos pareció mas prudente utilizar la gente de la Secretaría, a los policías que ya ibamos a tener que recurrir nuevamente a una especie de "servicio externo". En definitiva eran una especie de complemento del Secretario de Seguridad, quien era el que daba las directivas y fijaba la política en las reuniones de gabinete. El área especial con parte de su personal colaboraba en varias de esas investigaciones.
DJU: ¿Ustedes no pensaron que a partir de esa ley de prescindibilidad, quienes quedaran afuera de la fuerza le iban a poner palos en la rueda a su labor?
FD: Los palos en la rueda estuvieron siempre, porque no aparecían los legajos, porque a algunos legajos les faltaban fotos, como es el caso de la Masacre de Wilde que fue bastante puntual porque del único prófugo (en la actualidad) de ese crimen se sustrajo la foto. En esos casos intervinimos.
DJU: ¿Cómo ve el panorama a partir de que su nombre fue mencionado en el juicio por el atentado contra la AMIA?
FD: Era normal que se me mencionara porque yo tuve una intervención muy tangencial por parte de uno de los imputados, de quien yo fuí defensor diez días, mucho tiempo antes de ingresar a la función en la Secretaría. Concretamente yo hablo del caso de (Bautista Alberto) Huici. A mi me vino a ver la hermana porque fue alumna mía y nosotros (como abogado en Lomas de Zamora) la tuvimos a esta chica que se llama Rosana Barrazaen, hermanastra del policía Huici, en un pleito de un accidente. Cuando se produjo este asunto lamentable del siniestro (el atentado a la AMIA) me vino a ver, ya bastante avanzado el expediente porque ya se había dictado la prisión preventiva del policía, porque quería una opinión técnica, y a decirme que el hermano quería hablar conmigo.
DJU: Vale decir que usted fue abogado de uno de los policías acusados en la causa AMIA.
FD: En esas circunstancias yo concurrí a entrevistarlo en el Departamento de Policía, donde estaban alojados. Yo le dije que la única línea de defensa era tal (se niega a revelar la línea antes de responder al interrogatorio al que lo someterán como testigo los jueces y fiscales de la causa ). Por una cuestión de humanidad yo no me quise negar, porque además era una alumna, y por esa razón yo decidí intentar algo. Eso fue lo que se planteó en la causa. Habré estado tan sólo diez días hábiles en la defensa de Huici. Después renuncié, porque era una causa que a mi me quedaba totalmente a trasmano, en la que había que estar arriba todos los días y no se justificaba, porque yo tenía un estudio en Lomas de Zamora con una compañía de Seguros. Entonces renuncié a la defensa y me voy. Me olvido del tema.
DJU: ¿Usted renunció a la defensa cuando iba a asumir en la Secretaría?
FD: No. Lo hice por lo menos dos meses antes. Cuando llego a la Secretaría de Seguridad por un llamado de Lázari, con quien estuvimos juntos en la comisión de redacción del Código Procesal, me encuentro con que todos los sumarios administrativos de la policía estaban atrasados en su resolución. Por supuesto que en el de Huici me excusé de intervenir formalmente, y eso está expresado en el sumario administrativo, porque había una incompatibilidad legal. Aún hoy estando en la Casación, cuando viene un expediente en el que hay un policía involucrado tengo la precaución de fijarme si intervine en alguna "prescindibilidad" o cosa que lo haya perjudicado administrativamente al efectivo. Soy muy puntilloso, se me puede pasar alguno en quinientos.
DJU: ¿Cómo funcionó esa área especial en la investigación de la causa Brigadas?
FD: Físicamente el área no funcionaba en la Secretaría. Luego de mucho batallar con la oposición férrea del comisario Vitelli se logró conseguir detrás de bomberos en la Plata, un espacio que se acondicionó exclusivamente para que trabajara esta gente. Por supuesto que había una oficina en la Secretaría, porque si no era imposible manejarse a la distancia, pero la base de operaciones de ellos no era la Secretaría. Después había otro departamento que también se utilizaba para otro tipo de tareas, como ser desgrabaciones, etc. que era un poco mas reservado. Lo que se cumplía allí eran órdenes o trabajaban hipótesis que les daba el juzgado (de Galeano).
La Secretaría en sí no intervenía en el trabajo del área, salvo cuando tomábamos conocimiento de algunas de las cosas, porque se nos comunicaban, o porque había que abrirles caminos, archivos oficiales, anticiparle a alguna autoridad que los tenía que recibir, o hacerlos acompañar eventualmente por funcionarios civiles de rango para franquearles el acceso de las cosas que ellos estaban haciendo de los varios o muchos oficios que mandó el juzgado del doctor Galeano.
De lo que el juzgado les pedía yo tenía conocimiento de algunas cosas, otros asesores tenían de otras cosas; algunas las manejaba directamente el secretario de Seguridad u otras el subsecretario. Cuando nosotros recolectábamos información, que también nos venía mucha por la línea 0800 que habíamos puesto en aquella época, nosotros les comunicábamos a ellos y ellos hacían el camino a la inversa, es decir que consultaban al juzgado del doctor Galeano o a los fiscales y entonces resolvían si se trabajaba sobre esas hipótesis. El control específico del trabajo de esta gente no lo llevamos.
DJU: ¿En algún momento se encontraron con espacios, con nichos de poder o corrupción dentro de las filas policiales?
FD: La existencia de estructuras de poder, de encubrimiento es clásico dentro de la policía. No solamente en este caso sino en todo. Yo lo puedo decir porque no es fácil llevarse una foto de un legajo. Como parte de esa estructura yo le puedo referir la cuestión de las armas de los policías implicados en la investigación de Brigadas. Estando de turno en la Secretaría me llega un PU (Parte Urgente) en el que con mayúsculas decía "AMIA". Era el relato de un robo. Lo miro con mas detenimiento y descubro que la mujer de uno de los policías, creo que Leal o Barreda, denunciaba que le habían robado el arma, las credenciales y la credencial del IOMA. Lo denunciaba en un juzgado de provincia. A mi me llamó mucho la atención porque lo usual es que cuando se dicta la disponibilidad preventiva de un policía se le secuestra todo, que es lo que se hace en cualquier sumario administrativo. En este caso puntual a ninguno se le habían secuestrado las armas. Haciendo la investigación del asunto lo llamo a Vitelli para decirle “acá hay un problema” y éste me manda a ver a Schneider, el Director de Sumarios, quien parece que ahora no se acuerda más de nada, pero fue responsabilidad directa de él. En ese sumario no se habían secuestrado ni las armas, ni las credenciales, ni absolutamente nada que hiciera a la función policial. Para la administración pública los señores estaban en servicio. El arma de Huici se secuestró en la comisaría de Villa Maipú donde él era titular y ni siquiera se habían tomado el trabajo de ir a sacarla de la caja fuerte, lo mismo que pasó con la de Bruguete (Alejandro), el subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús, y lo mismo creo que pasó con la de todos.
DJU: Ese fue uno de los escándalos que trascendieron acerca de la red de encubrimientos...
FD: A mi me vino a ver Schneider en febrero de 1997, a decirme que habían metido la pata y que estaban viendo como resolvían el problema. Yo claramente le dije que ese era un insulto a la querella y a las víctimas. Antes que Vicat había en ese puesto un tal Vaccareza que todos los días se pavoneaba dentro de la Secretaría con piezas confidenciales hasta que un día yo le llamé la atención. Ha habido una estructura de encubrimiento desde el principio hasta el final. Yo encontré entre los efectos secuestrados, un video donde Calabró, el jefe de investigaciones, lo interroga a uno de ellos (los policías) donde verdaderamente era un interrogatorio “pour l´ galerie”, faltaba voluntad directamente de investigar. La estructura fue siempre de cobertura y de encubrimiento.
DJU: Ahora está en un lugar distinto, en una realidad distinta , ya que se trata de la máxima instancia penal en la provincia de Buenos Aires antes de la Corte provincial ¿Cómo ve usted la evolución de la Justicia en la provincia y qué creé que es necesario cambiar?
FD: Yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es desformalizar la instrucción, escribir mucho menos, casi nada, darle mayores atribuciones al fiscal con un refuerzo al juez de garantías, lo que puede parecer paradójico, pero habría que superar algunas contradicciones que yo veo en el texto del Código. Hay que tratar de suprimir la etapa intermedia, es decir que se haga la audiencia, se dicte o no se dicte la prisión preventiva, y de allí pasarlo a juicio directamente, o darle las posibilidades al fiscal mediante un buen procedimiento de archivo, de ejercer el principio de oportunidad y seleccionar aquellas causas que merecen ser llevadas adelante y aquellas que se puedan hacer juicios abreviado en una forma mucho más rápida y ágil que la que tenemos ahora.
DJU: ¿Que otras reformas plantearía?
FD: A su vez yo me estoy planteando ya si es prudente hacer juicio con tres jueces o hacerlo con un solo juez, como lo está haciendo Córdoba voluntariamente a opción del acusado o del fiscal. No le veo ningún inconveniente constitucional y yo pienso que se permitiría aligerar la actividad de los tribunales. En los Estados Unidos o en un sistema anglosajón, si el acusado renuncia al derecho al jurado, el que lo va a juzgar es el juez.
Otra cuestión importante es la de modificar la estructura de recursos para hacerlo mucho más ágil, y si se quiere mas abarcador de determinados supuestos, como una manera de descomprimir los tribunales superiores. Quizás habría que poner algo que hagan las Cámaras, que han perdido demasiada importancia, para que hagan de nexo entre la primera instancia, la Casación y la Corte. Hay cosas que se pueden resolver sin que lleguen a la Casación, dándole ciertas funciones a las cámaras de Garantía. El sistema hay que profundizarlo con una reforma al régimen recursivo y de las competencias de los tribunales de alzada. Yo creo que en ese sentido el proyecto del ejecutivo enviado a la Legislatura está bien rumbeado.
DJU: ¿Entonces usted piensa que está funcionando bien la delegación de la instrucción en manos del los fiscales?
FD: En este momento la gran conquista de la humanidad, para conseguir una mejor Justicia han sido la audiencia al imputado, la audiencia a la víctima y fundamentalmente que el que investiga no debe juzgar. Quien debe investigar debe ser alguien que no sea un juez que implica una necesaria postura de imparcialidad. Son los tres pilares de la civilización occidental por los cuales hoy estamos preocupados.
DJU: ¿Cuales serían las necesidades en materia de seguridad?
FD: La gente clama por mas comisarías y cuando más comisarías hay mayor es la inseguridad. Yo creo que en los partidos del Gran Buenos Aires la cuestión se solucionaría con dos buenas comisarías y el resto del personal a la calle. Los patrulleros manejados por un vigilante, que si necesita ayuda la puede pedir. Si la fuerza no está en la calle en un patrullero constante, por mas comisaría que pongan, para mi, la cuestión de la inseguridad no se resuelve.
DJU: ¿Como se siente en este espacio teniendo una vinculación política en la provincia de Buenos Aires?
FD: No tengo el síndrome del empleo final. Realmente yo fui a la Casación porque me insistieron mis amigos, yo fui redactor del Código Procesal y ya tenía 27 años de abogado haciendo una buena carrera. Me pareció que era una forma de probar algo distinto. Me gusta lo que estoy haciendo, pero también sufro mucho por la falta de medios o por el exceso de causas. Me perturba no poder darle una solución inmediata a la gente, algo que es innato en mi.