La denuncia, que quedó radicada en el juzgado federal de Jorge Luis Ballestero, indica que existiría "una asociación ilícita estructurada en tres eslabones, que abarca primero un nivel local, otro de orden nacional y el último internacional que envía al exterior el cobre y aluminio".
Caviglia pidió que se cite a declarar a los titulares de la Aduana, Mario Das Neves; de la AFIP, Alberto Abad; y de la SIDE, Miguel Angel Toma, además de otras siete personas, entre ellas, empresarios de supuestas "empresas fantasmas" y despachantes de aduana.
Ante las declaraciones del legislador, cabe destacar que en este mismo sentido y desde octubre del año pasado, la Dirección de Planificación Penal Tributaria y Aduanera a cargo del Dr. Carlos Lucuy y dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos denunció este hecho motivo por el cual ya hay una causa penal en trámite en la que la justicia está investigando.
La investigaciòn por contrabando y presunta evasión impositiva, tiene como eje la sospecha de que los metales exportados se obtendrìan de reducidores de robos de material de las telefónicas, y està radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº 7 a cargo del Dr. Guillermo Tiscornia.
En comunicación telefónica con Diariojudicial.com, el magistrado señalò que se viene trabajando activamente en la causa, ya que desde octubre del año pasado y con la intervención de la Fiscal en lo Penal Económico, Gabriela Ruiz Morales, se llevaron adelante "màs de 40 allanamientos", incluso en la ciudad de Rosario, donde se detectaron irregularidades.
Por su parte, el diputado explicó en su presentación que en un primer nivel, la "organización criminal" se ocupa de robar el aluminio, cobre y bronce. "Este delito se incrementó diez veces en los últimos años", explicó el diputado, que luego se concentra en depósitos ubicados en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
"El tercer eslabón de la organización se encarga de sacarlo del país para remitirlo principalmente a países de Oriente", como Corea del Norte, China y Taiwán, aseguró el legislador y en esta etapa señalò directamente a Matías Ezequiel Benenwald, "quien conduce la empresa "Servicios Grower S.A.", que habría realizado operaciones por 10 millones de pesos.
Caviglia explicó en la denuncia que el material robado "se incorpora" a Grower "mediante facturas apócrifas por empresa que no presentan declaraciones juradas, las presentan con datos falsos o no son localizables en los domicilios denunciados", añadió.
"No se explica cómo se realizan compras millonarias a firmas sin infraestructura", explicó Caviglia y añadió que la chatarra de cobre "puede ser procesada y recuperada a relativo bajo costo por potencias que se encuentran limitadas en su obtención", alertó el legislador.
Caviglia indicó además que solicitó "que se decrete de modo urgente" la prohibición de salida del país del aluminio y el cobre y el reitengro del material en tránsito".