Alcira Ríos, abogada de las dos familias que se presentaron como querellantes en la causa contra la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, por la supuesta falsificación de los documentos de nacimiento de sus hijos adoptivos, Felipe y Marcela Noble, adelantó hoy que presentará un recurso de Casación contra la decisión de la Cámara Federal de San Isidro de apartar al juez Norberto Marquevich, quien mantuvo detenida por unos días a la empresaria y la procesó en orden al delito de "falsificación de documento público". La abogada Ríos remarcó el voto en disidencia del camarista Daniel Mario Rudi, quien -indicó- "realmente se ajustó a derecho" al rechazar la recusación de Marquevich y anticipó además que también interpondrá un recurso ante extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
Acusaciones paralelas
El juez en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia reclamará el viernes ante el Consejo de la Magistratura que se de por cerrado el proceso de juicio político en su contra por presunto mal desempeño en el tratamiento de la causa conocida como de la Aduana Paralela. El magistrado invocará que el Senado de la Nación lo absolvió, cuando ese cuerpo legislativo tenía a su cargo la sustanciación de los juicios a los jueces, que luego pasó a manos del Consejo de la Magistratura, por lo que entiende que se trata de una “cosa juzgada”.
Al reclamar el “archivo” del sumario, Tiscornia pedirá que se deje de seguir llamando a testigos y acumulando pruebas, cuando, según entiende el magistrado, la investigación llevada a cabo por el Senado y la sentencia absolutoria fueron remitidas a la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura.
Ordenan la detención de dos comisarios
El juez de instrucción Mariano Bergés, a cargo del juzgado 43, dió por por cierto y probado que Carlos Rodolfo Pérez Roldán y Eduardo José Curletto conocieron, como comisario a cargo de la Seccional 32ª de la P.F.A., y comisario inspector a cargo de la División Robos y Hurtos de la P.F.A. –respectivamente-, y no adoptaron al respecto ninguna medida para que cesaran las mismas –cosa que estaba su alcance-, la existencia de golpizas y presiones que fueron aplicadas, en el marco de interrogatorios no autorizados a Carlos Alejandro Trillo en reiteradas oportunidades en el período comprendido entre, aproximadamente, las 19:10 del 20 de diciembre de 1996 y la madrugada del 22 de ese mismo mes y año en dependencias de la seccional 32 de la Policía Federal Argentina”.
A Curletto se le endilga haber participado de las sucesivas sesiones de tortura a Trillo, mientras que Diáz Roldan está procesado por “omisión de evitación de torturas. Bergés trabó embargo sobre los bienes del primero por 600 mil pesos y en el caso del segundo por 350 mil. Según Bergés, de acuerdo con los testimonios recogidos y “a la luz de la restante prueba producida y hasta aquí relatada, no dejan lugar a dudas - menos en esta etapa - que Trillo fue sometido a reiteradas sesiones de agresiones psíquicas y físicas con fines claramente ilegítimos”.
Curletto había negado los cargos que se le imputan al sostener que “era muy común entre los delincuentes denunciar apremios ilegales contra los Policías como medio de defensa, recalcando que en sus 30 años de carrera nunca fue procesado ni condenado por apremios ilegales”. Trillo fue quien denunció haber sido sometido a torturas y amenazas, mediante las cuales se lo obligó a “una confesión forzada” que luego fue utilizada por el ex juez Bruno para ordenar dos allanamientos en la provincia de Buenos Aires, relacionados con el robo en Firme S.A.
Preso por robar armas
La Cámara Federal confirmó el procesamiento de un efectivo del Servicio Penitenciario Federal acusado de robar armas de un arsenal de la institución, confirmaron fuentes de la Sala II de la Cámara. De esta forma, el agente del SPF Carlos Alberto López seguirá preso, al igual que dos civiles, los hermanos Luis y Héctor Iturrea, acusados de venderlas a una armería de la localidad bonaerense de El Palomar. También se confirmaron los procesamientos sin prisión preventiva de los dueños del local, acusados de encubrimiento.