SIGUE LA PELEA.Aunque de baja intensidad, la guerra entre el tribunal oral del Caso AMIA y el juzgado de Juan José Galeano sigue planteada a pesar que la detención del ex secretario federal Javier De Gamas ya quedó atrás. La semana pasada informamos en este columna que en algunos despachos se está pensando en una presentación contra los jueces Miguel Pons, Guillermo Gordo y Gerardo Larrambebere ante la Asociación de Magistrados por haber imputado a De Gamas por el delito de falso testimonio registrado 147 veces durante una audiencia de 16 horas. Parece que en las últimas horas esa suerte de denuncia pública contra los jueces del TOF 3 fue perdiendo fuerza, pero hubo un hecho que volvió a encrespar los ánimos. Es que este semana sólo hubo dos audiencias, y el TOF 3 dispuso un receso hasta después de la Semana Santa -se tomarán los 10 días de máxima que prevé el código para la suspensión de un debate oral- por lo que algunas declaraciones de funcionarios judiciales quedaron pospuestas para fines de abril, lo que alarga –innecesariamente, opinan en el cuarto y quinto piso de Comodoro Py 2002- la tensión de los testigos citados que después de la detención de De Gamas, muy criticada, ya no se sienten seguros. En rigor, en el Tribunal tienen explicaciones para la demora: por un lado, aseguran que el receso para las dos semanas venideras -la segunda más corta por la Semana Santa- estaba previsto desde hace tiempo, y por otro lado, el juez Miguel Pons, quien esta semana estuvo de turno en la presidencia del debate oral, no quiso ser el encargado de interrogar a sus ex empleados. Es que hay varios testigos, como Agustín Gamboa, prosecretario en el juzgado federal 9 y Fernando Juri, secretario de la fiscalía federal de igual número, que secundaron a Pons cuando el magistrado era juez de instrucción. Pero la explicación de pasillo no alcanzó y los futuros declarantes están más que enojados con la demora en pasar por el estrado, algo que más allá de las circunstancias que rodean la declaración de cada quien, no parece ser fácil. "Yo estuve veinte minutos y me temblaban las piernas", contó un periodista que ocupó el estrado de los testigos hace algunas semanas atrás. (Especial de Diariodeljuicio.com)
AGENDA. Es la que sin duda marca Diariojudicial.com en cuanto a temas de tribunales se trata –de ello pueden dar fe nuestros casi 28.000 suscriptores que en días siguientes ven reflejadas nuestras notas en otros medios y con otras firmas-. Luego de la publicación hace dos semanas y en esta columna, del malestar en el seno de la cámara del crimen por las vacantes sin cubrir, el tema cobró estado periodístico e institucional. Quizás celosos porque de su cámara no hablamos, algunos memoriosos recordaron que el fugaz intento por ocupar el lugar vacío dejado tras el fallecimiento de la camarista Luisa Riva Aramayo, fue resistido con vehemencia por el resto de los integrantes de la Cámara Federal porteña. De vuelto, además de algunas palabras subidas de tono, recibieron una clara advertencia desde el seno del Consejo de la Magistratura, molestos por el condicionamiento formulado desde ese tribunal: “Se van a volver viejos antes que se cubra esa vacante”, les dijeron, palabras más, palabras menos, por lo que desde entonces, sumadas las dos salas, la composición es de cinco miembros. Por otra parte, también es esvidente que desde hace algunos años los jueces federales (“La Base”) deben hacerse cargo no sólo de su propio tribunal, sino subrogar aquellos que han quedado vacantes. A ello no fue ajeno el desempeño del ahora camarista Gabriel Cavallo, quien ahora instalado en la Sala I debió excusarse de intervenir en casos de resonancia y otros que no lo fueron tanto, pero que pasaron por sus manos en distintos juzgados que estuvieron a su cargo, por lo que - si los números no mienten- en ellas sólo pueden intervenir los otros cuatro miembros de la Cámara, acostumbrados ya a conformaciones alambicadas a la hora de dictar sentencia. Nadie pretende que Eduardo Luraschi “se las arregle solo”, bromean en el segundo piso de los tribunales de Comodoro Py 2002, mientras la “carga” de expedientes recae en la Sala II, donde el 5 ha dejado de ser un número de suerte y la sentencia de la “vacante eterna” ha comenzado a ser atendida seriamente.
REIVINDICADOS.Se sienten los ministros de la Corte Surprema por las palabras del Embajador del Estado de Israel en la Argentina, Benjamín Orón, quien al hablar durante el acto recordatorio del atentado contra la embajada de su país en Buenos Aires, coincidió con buena parte de los resultados de la investigación llevada a cabo en los últimos años por el máximo tribunal. El embajador, de hablar pausado y reflexivo, es un hombre que no ha tenido intervenciones estridentes ni declaraciones explosivas, pese a que el tema de los atentados siempre ha sido un espacio de alta exposición pública. Si bien la causa había tenido en sus comienzos un derrotero investigativo deficiente, desde que se hizo cargo de la secretaría especial Esteban Canevari, la causa marchó con mejor paso y el 2 de septiembre de 1999 el tribunal pudo responsabilizar del atentado del 17 de marzo de 1992 a la organización terrorista Hezbollah, y a su brazo armado, la Jihad Islámica, procesando y dictando la orden de captura internacional de Imad Mughniyah, como máximo responsable de la deflagración que causó la muerte de arededor de 30 personas. Las palabras de Orón sonaron a grata melodía en los oídos de los ministros de la Corte que no han podido ocultar su satisfacción por el hecho que cuatro años después, sea el máximo representante de la legación israelí quien coincida con pelos y señales con esa responsabilidad en torno a la autoría del atentado. “Al fin una”, dicen que dijeron.