Tras varios intentos en los que no se alcanzó el quorum de 12 sobre 20 integrantes, el Plenario, con el voto de 16 de los 17 miembros presentes resolvió acusar formalmente a Murature, ante el Jurado de Enjuiciamiento y designar a Jorge Yoma y Beinusz Szmuckler para que sostengan la acusación ante el tribunal que juzgará la conducta del magistrado quien podría ser removido del cargo.
El juez fue procesado en una causa penal por los presuntos delitos de extorsión, prevaricato y asociación ilícita y el dictamen considera como “indiscutible que la conducta de Murature, lejos de implicar la sujeción a las normas técnicas éticas y morales que en él deben imperar, implican una falta de idoneidad y transparencia que fundan la necesaria apertura del proceso de remoción en su contra”.
A excepción del representante del Ejecutivo Joaquín Da Rocha votaron a favor de la apertura del proceso de remoción los consejeros Leyla Chaya, Eduardo Orio, Luis Pereyra Duarte, Szmuckler, Marcelo Stubrin, Marcela Rodriguez, Juan Carlos Geminiani, Lino Palacio, Humberto Quiroga Lavié, Claudio Kiper, Victoria Pérez Tognola, Bindo Caviglione Fraga, Abel Cornejo, Carlos Prades, Jorge Casanova y Miguel Angel Pichetto.
De la reunión no participaron el presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, Jorge Yoma y Ricardo Gomez Diez.
En el dictamen acusatorio de comisión, elaborado por Yoma, quien actuó como consejero instructor, se enumeraron las constancias de la causa penal y se pasó revista a una serie de hechos que demostrarían que Murature actuaba en connivencia con el abogado Manuel Pallasá con quien “lo une una relación de amistad personal comprobada” a partir de los dichos de la ex empleada del letrado Patricia Mazzeo.
También surgen como elementos probatorios los entrecruzamientos de las llamadas telefónicas entre ambos, así como también el hecho que Pallasá haya representado a la esposa y la suegra del magistrado.
Al parecer, y según surge de las investigaciones, distintas causas penales de clientes de Pallasá eran ingresadas directamente por el juzgado de Murature.
Según consta en el dictamen aprobado hoy por el Plenario del Consejo “la especial relación que los vinculara se traduce en el favoritismo dispensado hacia Pallasá, quien se beneficiaba con el trámite que se les daba a las causas en las que el nombrado poseía un interés particular”.
La modalidad por la cual se concretaba consistía en que “las causas que se iniciaban ante la Oficina de Sorteos de la Cámara del Crimen se remontaban a una misma denuncia, que se efectuaba varias veces el mismo día, hasta que alguna de ellas quedara radicada en el Juzgado de Instrucción” de Murature.
Otra de las modalidades consistía en presentar las denuncias en comisarías cuando el juzgado de Murature estaba de turno.