En la misma resolución, Speroni ordenó el sobreseimiento del ex subjefe del Ejército, general retirado Ricardo Gómez Sabían, que se encontraba en la misma situación que Balza. Sin embargo, confirmaron las fuentes, ambos seguirán encausados en orden al delito presunto de malversación de caudales públicos.
Además, Speroni sobreseyó al ex director de Arsenales de la Fabrica Militar de Río Tercero, Antolín Mosquera, quien estaba procesado por falsedad ideológica.
Con estas medidas, Speroni cumplió con las indicaciones de la Cámara en lo Penal Económico que en diciembre de 2001 dejó en libertad a Balza, al considerar que “no existían elementos probatorios” para vincular a Balza a la presunta asociación ilícita.
En aquel pronunciamiento, los camaristas Roberto Hornos, Marcos Grabivker y Carlos Pizzatelli, rechazaron las alusiones vertidas en el auto de procesamiento dictado por Speroni.
La causa por la venta ilegal de armas dio un giro sustancial cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación descartó la existencia de una asociación ilícita en la que aparecían implicados como jefe y organizadores, el ex presidente Carlos Menem, algunos de sus ministros, Balza y el ex asesor presidencial Emir Yoma.
A partir de ese momento y luego del pronunciamiento de la Cámara Nacional de Casación Penal, la causa quedó unificada en manos de Speroni, quien hasta ese entonces solo investigaba el contrabando de armas.