La denuncia por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público había sido formulada por la Asociación Vecinos del Barrio Cornelio Saavedra, de esta capital, quienes sostuvieron que el ENRE había dictado tardíamente una resolución (39/02) por la cual se ordenaba a las empresas Edenor SA.,Edesur SA y EdelapSA. “realizar una revisión extraordinaria de todas las cajas de distribución subterránea ubicadas dentro de su área de concesión y elaborar un plan para el recambio de esas instalaciones, por otras que mejoren las condiciones de seguridad”.
Esa resolución se dictó con posterioridad a la muerte de Rodolfo Denegris, cuyo deceso se produjo al explotar una caja. Con anterioridad un juez correccional había instruido en similar sentido al producirse un accidente en 1999 en el que resultó lesionada una joven.
Al archivar las actuaciones, el juez Oyarbide entendió que no se podía reprochar conducta delictiva a los funcionarios del ENRE por cuanto al ser intimados a la revisión de las cajas habían mostrado su “seria preocupación por cumplir con el requerimiento judicial” y en el transcurso se produjo el fatal accidente.
Oyarbide señaló que “no podrá serle reprochada una conducta de tipo omisiva” a los funcionarios”. Por el contrario, se les reprochó la “falta de control oportuno de la seguridad pública en la operación de los sistemas de distribución de la electricidad” contrariando las actas de creación del organismo.
Ante la apelación planteada por el fiscal Federal Carlos Stornelli, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Luraschi entendieron que existen “elementos a partir de los cuales es posible afirmar que el ENRE tuvo conocimiento de los riesgos inherentes a las cajas de distribución subterránea (cajas esquineras) mucho antes que tuviera lugar el fatal accidente del 23/1/02, circunstancia que impide a esta altura el cierre de la investigación”.
Asimismo, tuvo en cuenta el Informe Técnico elaborado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, que da cuenta de “posibles perdidas” en las cajas y los riesgos que implicaba la inundación de las mismas.
Además, hizo mención a un informe elevado por la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires que refiere a los “graves inconvenientes” que generan la “explosiones y voladuras de tapas en épocas de lluvia”.
Por esa razón el tribunal entendió que resulta “prematuro” el cierre de las investigaciones , porque los elementos reunidos no permiten descartar “el incumplimiento” por parte de los directores del ENRE y resolvió reabrir la investigación.