En una resolución de 9 carillas a la que Diariojudicial.com tuvo acceso, el magistrado entendió que "se encuentra demostrado prima facie" en el expediente el delito cometido por Bastos "al haber suscripto y enviado la nota nº 25/01 al señor director General de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial" (ONUDI).
En esa nota, Bastos autorizó a pagar la suma de 1.095.000 dólares a la ONUDI, para la "cancelación parcial" de la deuda que la Argentina mantenía con el organismo.
En su declaración indagatoria, el 15 de abril pasado, Bastos aseguró que se canceló la deuda como parte de un presupuesto de 8 millones de dólares que la misma ONUDI recibiría a cambio de un programa de auditorías del Régimen de Minería.
Pero el juez concluyó que, aunque el destinatario del dinero era el mismo organismo, la afectación de los fondos establecida en el presupuesto indicaba claramente que no podían usarse para saldar una deuda.
Para el magistrado federal, la actitud de Bastos "encuentra su descripción típica en el artículo 260 del Código Penal que reprime al funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados".
Además, el juez indicó que Bastos "no puede desconocer que el objetivo que tenían aquellos fondos estaban destinados a un proyecto determinado". También, Oyarbide indicó que "no puede descartarse el actuar doloso" de Bastos porque no se formaron actuaciones administrativas "ni se consultó la viabilidad jurídica de tal proceder".
La causa se inició por una denuncia radicada el año pasado por la Oficina Anticorrupción (OA), donde se indicaba que la decisión de usar el dinero para pagar la deuda con la ONUDI buscó garantizar la reelección de Carlos Magariños al frente del organismo. Finalmente, este ex funcionario del ministerio de Economía fue reconfirmado como titular de la ONUDI en diciembre de 2001, siete meses después del giro que Oyarbide considera irregular.