La causa se originó en 1999, luego que la agrupación de familiares de víctimas del atentado Memoria Activa formulara una denuncia contra el entonces candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, quien en plena campaña electoral dijo conocer el “contacto internacional” del ataque terrorista, pero no brindó más detalles.
La denuncia del grupo más crítico de los familiares de las víctimas recayó en el juzgado de Jorge Luis Ballestero, quien ordenó el cierre del expediente y el sobreseimiento de Ruckauf.
Sin embargo, los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado apelaron la decision por considerarla “prematura”. La Cámara tomó el caso y recibió por escrito un descargo del propio Ruckauf, que para la época del atentado era ministro del Interior.
Fuentes judiciales confirmaron que el canciller dijo a los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi que sus dichos provenían de una "convicción personal" y que no contaba con información distinta a la que figura en el expediente.
"Es conducente llevar a cabo las diligencias de prueba que aún se encuentran pendientes a fin de descartar fehacientemente la responsabilidad" del canciller. En otras medidas, las fuentes confirmaron que restan declaraciones testimoniales de personas que cambiaron su domicilio desde el momento de la denuncia, en 1999.