Dos fiscales federales le pidieron al juez federal Norberto Oyarbide que se investiguen en la Argentina las presuntas maniobras de lavado de dinero cometidas aquí por Vladimiro Montesinos, el ex hombre fuerte del Perú en tiempos de Alberto Fujimori, confirmaron fuentes judiciales. Patricio Evers y Luis Comparatore, le pidieron al juez federal Norberto Oyarbide, que remita a la Cámara Federal los antecedentes de la denuncia formulada por la justicia del Perú, donde se investiga a Montesinos por haber comprado propiedades por valores millonarios en la Argentina a través de la sociedad Heuer Investiment Inc. Para los fiscales, como se trata de hechos cometidos en la Argentina, deben ser investigados aquí, independientemente de la causa radicada en Perú.
Los datos personales no se venden
El fiscal Luis Comparatore requirió que se investigue la posible infracción a la flamante ley 25.326 de datos personales por parte de la empresa norteamericana Choicepoint, que -según se publicó la semana pasada en un diario porteño- habría vendido al gobierno de los Estados Unidos "datos personales de titularidad" de ciudadanos argentinos. La denuncia que el fiscal decidió promover fue formulada por Juan Antonio Travieso, a cargo de la Dirección Nacional de Datos Personales dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien aseguró que la ley indicada "prohíbe la transferencia internacional de datos personales a países que no proporcionen un adecuado nivel de protección". Comparatore indicó además que el supuesto delito cometido por la empresa que vendió la información está contemplado en el artículo 157 bis del Código Penal incorporado por la ley de habeas data nº 25.236.
Tepedino se queda adentro
La Sala II de la Cámara Federal determinó que el ex jefe del batallón 601 de Inteligencia del Ejército Carlos Alberto Tepedino deberá seguir detenido en la Guarnición de Gendarmería de Campo de Mayo, por haber violado las condiciones de la prisión domiciliaria que le había impuesto el juez Claudio Bonadío, quien lo procesó en una causa donde se investiga la desaparición de una veintena de militantes montoneros durante los últimos años de la dictadura militar. En su defensa, el militar dijo que había salido de su casa en Donato Álvarez 562 de la Capital Federal para "pasear a la perra". Los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi entendieron que "las razones esgrimidas no poseen ninguna razón de excepción" para violar las condiciones de la prisión domiciliaria que el juez de instrucción le había concedido por ser mayor de 75 años.
Preventiva para Carrascosa
La justicia impuso la prisión preventiva para el viudo de María Marta García Belsunce, Carlos Carrascosa, ya que lo encontró coautor de homicidio calificado por el vínculo. La medida la dispuso el juez Diego Barroetaveña, quien dejó abierta la posibilidad de la existencia de al menos dos personas en ese hecho. El pronunciamiento de Carrascosa había sido solicitado por el fiscal de Pilar Diego Molina Pico, quien sostuvo la existencia de diversas evidencias que en la pesquisa lo condujeron hacia el procesado. La defensa de Carrascosa evaluaría dejó entrever que apelarán la resolución.
”Es una maniobra en mi contra”
El estilista Miguel Romano se presentó en el Palacio de Justicia y negó los cargos que se le imputan en una causa que se sigue en su contra sobre presunto delito de defraudación y retención indebida. El peluquero que fue citado por el juez Mariano Bergés adujo que la acusación es una “maniobra en su contra”. Miguel Romano es investigado a raíz de una denuncia que también involucra a su yerno, efectuada por una cliente que aseguró haberle comprado al peluquero a principios de 2000 dos automóviles que luego fueron sustraídos de la cochera del edificio donde reside la mujer. Al parecer desde el entorno de Romano le habrían dicho a la mujer "trae la plata que falta que mañana tenés los coches".
La Danza de los millones
La existencia de presuntas irregularidades en el pago en efectivo de sentencias judiciales por parte de la ANSeS será denunciada a principios de la semana próxima por la presidenta de la Comisión de la Tercera Edad de la Cámara de Diputados, María América González, según se anticipó hoy. La Legisladora entregará la denuncia al Ombusdman de la tercera Edad Eugenio Semino, quien estará acompañado por la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira. Según se anticipó, el contenido de la denuncia apunta a establecer el destino de fondos que el Ministerio de Economía giró al ANSES durante el año 2002, por 62 millones de pesos para ser destinados al pago en efectivo de sentencias judiciales previsionales. En ese sentido, se señala que la “ANSeS sólo ha pagado 12 millones y no ha dado respuesta alguna a las Cartas Documentos remitidas por legisladores nacionales y mucho menos a nuestros jubilados”. Se reclamará que se “investigue si funcionarios de ANSES han incurrido en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y asociación ilícita ”