22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

Crean una comisión para la recomposición salarial en la Justicia

El Consejo de la Magistratura expresó su “firme voluntad” de encontrar una solución al deterioro de los salarios y creó una comisión para reclamar un incremento en las partidas presupuestarias para la Justicia.

 
El Consejo de la Magistratura constituyó hoy una comisión a la cual se le encomendó la tramitación ante el Ejecutivo de una ampliación de las partidas presupuestarias para la Justicia, a la vez que expresó su “firme voluntad” de empreder todas las acciones necesarias paras “paliar el deterioro salarial” en el sector.

En una resolución hecha pública hoy, el Consejo también dispuso “encomendar al Comité de Recursos Humanos que, con la participación de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación y la Administración General del Poder Judicial, estudien las alternativas para instrumentar una equitativa recomposición salarial “sobre la base mínima de los decretos 1273/ 02 y 905/03 del Poder Ejecutivo Nacional, la cual estará sujeta a la autorización del gasto correspondiente”. Esta resolución hace referencia a los decretos por los cuales se dispuso un incremento salarial de 200 pesos para el sector privado.

La Comisión creada por el cuerpo estará integrada por la vicepresidenta, Lelia Chaya; el presidente de la Comisión de Administración y Financiera, Bindo Caviglione Fraga; el vicepresidente Ricardo Gómez Diez; la Coordinadora del Comité de Recursos Humanos, Victoria Pérez Tognola y la Administradora General del Poder Judicial, Cristina Akmentins.

A dicha Comisión se le encomendaron las gestiones ante el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, “a fin de que se disponga la ampliación del crédito en función de la proyección de recursos, para el servicio administrativo financiero” del Consejo de la Magistratura.

Sucede que la Administración General del Poder Judicial remitió a la Comisión de Administración y Financiera el estado de ejecución del presupuesto autorizado para el servicio administrativo-financiero 320 -Consejo de la Magistratura- y un informe sobre el financiamiento, “del cual se desprende un resultado positivo proyectado a fin de año en razón de un mayor volumen previsto en la recaudación de los recursos tributarios y no tributarios de los cuales este servicio participa en un tres y medio por ciento”.

En ese sentido, el Consejo señaló que “existe la firme voluntad de aplicar ese excedente para paliar el deterioro salarial, recurriendo al mecanismo previsto en el artículo 15 de la ley de presupuesto (25.725) que consiste en solicitar por vía del Ministerio de Economía a la Jefatura de Gabinete de Ministros el dictado de una Decisión Administrativa que incremente el presupuesto del Poder Judicial de acuerdo al aumento esperado de recursos”.

En los considerandos de la resolución se destaca que “el deterioro de las remuneraciones ya fue observado en ejercicios anteriores, en el entendimiento que dichas retribuciones no se compadecían con el trabajo desarrollado y las responsabilidades asignadas, lo que se ve agravado por el hecho de que el Reglamento de la Justicia Nacional impide a magistrados, funcionarios y empleados ejercer profesiones liberales, el comercio o actividades lucrativas a excepción de la docencia”.

Asimismo, se señala que “a ese factor (...) se suma en la actualidad la notable desvalorización del salario respecto de otros bienes, a partir de la devaluación de la moneda”.

Además sostiene que “sin desconocer la compleja situación que afecta a todo el personal de la Administración Pública Nacional, prima el deber de preservar esta institución como pilar de la defensa de garantías y derechos de los ciudadanos, entendiendo que a su vez los fundamentos fácticos para esta área del Sector Público son distintos a aquella, por cuanto el Poder Judicial de la Nación tiene carencias notorias, existen tribunales creados por ley que no pueden ser habilitados por insuficiencias presupuestarias y otros que fueron habilitados con una planta reducida, y un estado de sobrecarga de tareas de numerosas jurisdicciones”.

En esa línea señala que “coherente con su conducta expresada en diversas manifestaciones en defensa del presupuesto judicial y su autarquía, y por cuanto por mandato constitucional debe propender a una eficaz prestación de los servicios de Justicia – para lo cual los recursos humanos son esenciales--, es prioritario que este cuerpo defienda la necesidad de efectuar una recomposición salarial para todos los integrantes del Poder Judicial e impulse, con firmeza, todas aquellas acciones necesarias para llevarla a la práctica”.



dju / dju
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