Diariojudicial.com: En las últimas dos semanas y a partir de la incorporación del nuevo secretario de Seguridad, Norberto Quantín, ha cobrado dimensión el rol que se le asigna a los fiscales, a las fiscalías, en esa materia ¿Cómo se ve la implementación de esos proyectos desde la Procuración, que es de quien dependen?
Nicolás Becerra: Yo quiero hacer ante todo una aclaración. De los fiscales no se habla hace dos semanas sino desde hace bastante tiempo. A partir de la reforma de la Constitución, el Ministerio Público Fiscal, o sea el organismo constitucional que alberga el cuerpo de magistrados fiscales, ha cobrado una importancia decisiva en el sistema de administración de justicia. La autonomía y la autarquía financiera del Ministerio Público Fiscal hace que hoy los fiscales gocen de independencia sin quedar atados a los vaivenes del poder político ni tampoco a las decisiones del Poder Judicial.
Esta nueva cultura de desenvolvimiento funcional de los fiscales creo que es la impronta más importante de mi gestión como Procurador General, toda vez que me tocó poner en funcionamiento la nueva ley orgánica del Ministerio Público Fiscal que reglamentó el artículo 120 de la Constitución Nacional reformada.
Dju:¿En la práctica cómo se implementarían esas iniciativas?
NB: El tema de la descentralización de las fiscalías en zonas de la Ciudad de Buenos Aires no es una política, sino parte de una política. No hace ni a la seguridad ni hace a la administración de justicia, hace a la eficiencia clara del desenvolvimiento de los fiscales en un acercamiento más estrecho con la sociedad. Esta decisión de descentralización fue una decisión del Procurador General de la Nación.
Dju: Parecería que la opinión pública está viendo en esto, más que un proyecto que surge de la Procuración, la instrumentación de una política que surge de una decisión en el marco de la gestión de determinado funcionario que, no es casualidad, proviene del Ministerio Público .
NB: Esta es una decisión del Procurador General de la Nación que soy yo, que es indelegable, que está estudiada para hacerla gradualmente y de forma limitada, porque en este tema de la descentralización confluyen muchísimos factores: presupuestarios, de capacitación , de necesidad, instrumentales e inmobiliarios. No es necesario producir una descentralización generalizada, toda vez que del estudio que hemos realizado creemos que hay puntos neurálgicos en la Capital donde sí es necesario, pero no en todo su territorio. Lo que es claro es que la política criminal del Ministerio Público Fiscal la fija el Procurador y no se delega.
Dju: ¿En definitiva, en esta instrumentación del proyecto que lleva años de maduración, usted habrá tenido la ocasión de conversarlo durante su encuentro con el ministro de Justicia, Gustavo Béliz?
NB:Con el ministro Béliz hablamos gran cantidad de temas, en donde un tema más fue éste. Hablamos de muchísimos proyectos legislativos que hemos enviado al Congreso, en donde necesitamos el apoyo del Poder Político para que esos proyectos prosperen.
Una cuestión que se acordó fue la reciente sanción de la “ley antisecuestros” que viene a otorgarle a los fiscales la dirección de la investigación en forma obligatoria y donde hay fiscales que lo podrán llevar adelante como hay otros que carecen de los recursos necesarios para poder dirigir una operación en caso de un secuestro.
Dju: ¿En qué sentido?
NB: Por ejemplo, en San Isidro existen dos juzgados federales con siete secretarías cada uno, con cuarenta personas y la fiscalía federal de San Isidro cuenta con cinco personas. Entonces, al traspasar una función de los jueces a los fiscales, en este caso en particular por ejemplo, es evidente y notoria la disparidad de recursos con que va a contar el fiscal para arremeter con una investigación de esa naturaleza.
Cuando se promulgue la ley, se va a disponer el traspaso y los remedios necesarios para hacer posible la función que le delega al fiscal. En ese caso, estamos instrumentando ya una Unidad Antisecuestros que sirva de apoyo al fiscal interviniente, y para instrumentarla -tenemos pretensiones de que sea una unidad calificada- es que vamos a necesitar también recursos del Poder Ejecutivo Nacional, que creo que el ministro de Justicia está dispuesto a transferir.
Dju: ¿Cuál será la función de esa Unidad Antisecuestros?
NB: De apoyatura en los casos de secuestros a aquellos fiscales que les toque, por su jurisdición, intervenir. El secuestro extorsivo pasará a ser, con la ley, competencia de los fiscales; su investigación va a ser dirigida por ellos y los miembros de seguridad deberán acatar las instrucciones que éstos les impartan.
La Policía es el primer órgano de control de la seguridad, el primero que está en contacto con la sociedad y la cara visible de la seguridad frente a los ciudadanos. En esta nueva ley antisecuestros, producido un hecho, la competencia será de los fiscales y las fuerzas de seguridad seguirán las directivas del director de la investigación.
Dju: Querría conocer su punto de vista respecto de la ida de tres fiscales para ocupar cargos en el Ministerio de Justicia, que no presentaron su renuncia, y si ello incide al producirse lo que podríamos llamar huecos funcionales.
NB: El Ministro de Justicia me pidió la colaboración del Ministerio Público para contar con tres magistrados de éste organismo (Norberto Quantín , Pablo Lanusse y José María Campagnoli) en funciones eminentemente técnicas. Luego de estudiar detenidamente la cuestión y de recibir los dictámenes legales correspondientes, internos y externos, autorizamos a los fiscales a prestar funciones en el área del Poder Ejecutivo Nacional con algunas restricciones.
Por ejemplo, esas autorizaciones son esencialmente revocables; implican que durante el ejercicio de esas funciones los magistrados pierden sus fueros y no pueden ejercer actividades políticas. Pero creímos por un lado que es un imperativo del Ministerio Público cooperar con las demás autoridades de la República, porque así lo indica expresamente el artículo 120 de la Constitución, cuando nos da autonomía e independencia no la da en el aire sino en coordinación con las demás autoridades. Por otra parte creemos que esta solicitud de colaboración la vamos a poder cubrir con los restantes magistrados que existen en el Ministerio Público, muchos de los cuales tiene gran capacidad, tienen gran apego a su tarea y un perfil bajo, pero que trabajan con mucha eficiencia. Por otra parte, que se mire al Ministerio Público para buscar colaboradores debe ser un motivo de distinción.
Dju:¿Usted ha sentido hablar de esa “sensación” que podría reinar entre los jueces federales de temor a que le recorten sus atribuciones?
NB: Eso existe. Los jueces federales, hoy en día, son los directores de la investigación en materia penal. Esta transferencia de potestades en la investigación de los delitos de secuestros extorsivos de los jueces a los fiscales es una mutación de lo que se denomina “modelo inquisitivo” a “modelo acusatorio”. El viejo modelo inquisitivo que llegó al país con la conquista española, que incluso tiene influencia francesa, ha sido dejado de lado prácticamente en todos los países del mundo.
En nuestro país se sigue aplicando, los jueces son los directores de la investigación, quienes garantizan el debido proceso legal y quienes resuelven en definitiva. Concentran dentro de sus potestades todas atribuciones que tiene el marco del proceso Penal.
Creo, en definitiva, que una futura reforma procesal estará encaminada a generar un nuevo modelo de investigación, quizás no un modelo acusatorio puro, pero si una transformación que signifique darle mayor protagonismo a los fiscales en la investigación de los delitos.
Dju: ¿Existen política diferentes para el resto del país en el ámbito de la Procuración?
NB: El tema de las fiscalías para el resto del país ofrece una característica muy dispar a lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, e incluso en el Gran Buenos Aires, área donde nosotros hemos mandado proyectos de creación de fiscalías en lugares de gran concentración poblacional, Quilmes, Tres de febrero, Avellaneda, La Matanza, dos de ellas (Quilmes y Tres de Febrero) ya están creadas También va a haber jueces en esos partidos, y están en proyectos de leyes las creaciones de las dos restantes. En el resto del país no se produce la misma característica poblacional que acá; las poblaciones son mas chicas, las referencias de la sociedad con los lugares de administración de justicia y con el magistrado son mas directas y no tan despersonalizadas.
Dju: Se ha hablado y se sigue hablando de un inminente fallo de la Corte ratificando la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final ¿Cuál es su opinión luego de haber dictaminado por la inconstitucionalidad de ambas normas?
NB: Los que resuelven son los jueces, el Procurador dictamina. El dictamen no es vinculante sino que es la opinión del Ministerio Público. En este caso yo he opinado como Procurador General, como el fiscal ante la Corte, que esas leyes son inconstitucionales y será la Corte la que tenga que decidir sobre su validez o no.
Yo no voy a opinar más allá de los juicios que he emitido en mi dictamen. Lo que haga la Corte es un problema del Alto Tribunal que obviamente tiene experiencia, que es un cuerpo colegiado donde se suman las voluntades de cada uno de sus miembros. En este caso el dictamen del Procurador es uno sólo, opinión que está ahí puesta y que no es vinculante.
Dju: Pero no es sólo su opinión, hay un fallo de la Cámara Federal y de tres jueces federales que declaran la inconstitucionalidad.
NB: Hay varios magistrados que opinan de la misma manera y hay otros tantos que no, por ejemplo el doctor Quantín, en el mes de enero, emitió un dictamen como fiscal de Cámara sosteniendo la constitucionalidad de las leyes.
Dju: ¿Qué sucede cuando un fiscal, inferior en la escala, contrapone su opinión con la de su jefe, en este caso usted, el Procurador?
NB:En general los fiscales tienen autonomía e independencia en la emisión de sus juicios, el Procurador tiene la potestad de dar instrucciones generales, pero no instrucciones particulares, con lo cual yo emito resoluciones con instrucciones generales de Política Criminal, mas no le indico a cada fiscal qué tiene que opinar.
Dju: ¿Sería muy forzado suponer que esa contraposición de posturas con el fiscal Quantín podría reproducirse en la aplicación de la política de la Procuración?
NB: Es totalmente forzado el planteo, porque el doctor Quantín va a cumplir la función de Secretario de Seguridad y los magistrados del Ministerio Público no tienen nada que ver con la seguridad. Los magistrados fiscales intervienen “ex-post”, es decir que producido el hecho, aparece la intervención del magistrado. La actividad funcional del Secretario de Seguridad es la prevención de la seguridad o de la inseguridad.
Dju: ¿Usted piensa que la estructura de Procuración debería modificarse en estos momentos donde aparece como desbordada en las múltiples funciones que se delegan en los fiscales?
NB: Pienso que el Ministerio Público ha tomado en los últimos años una importante dimensión, sumado a que se avecinan tiempos de cambio donde asumirá mayores responsabilidades desde el punto de vista procesal, agregando a ello la gran cantidad de dictámenes que van en aumento y son remitidos al Procurador para que emita juicio. Esta institución tiene una dimensión que debe ser consolidada y reforzada en los próximos presupuestos.
Dju: ¿Usted habló en algún momento en términos de “me quedo o me voy” o no hubo lugar para este tipo de planteos?
NB: El ministro Béliz es lo suficientemente inteligente como para saber que no puede tener ese tipo de interlocución con el Procurador General de la Nación y el Procurador General de la Nación es lo suficientemente inteligente y tiene las cuestiones lo suficientemente claras para saber que es un funcionario de la Constitución, con acuerdo de los dos tercios del Senado, que es solamente removible por Juicio Político. Hemos hecho mucho en estos años y tenemos muchas cosas por hacer en los tiempos que vienen.