Los magistrados indicaron que "el ilegítimo alojamiento en tales dependencias se habría constituido en necesaria instancia frente a la carencia de instituciones suficientes en número y calidad para albergar a los jóvenes en conflicto con la ley penal".
Ante la gravedad de la situación, tratándose en general de personas penalmente inimputables por la edad, la Asesora de Incapaces del Departamento Judicial de Lomas de Zamora debió interponer un cúmulo de recursos de hábeas corpus a favor de sus representados.
La resolución del máximo tribunal provincial además mencionó la situación del Departamento de Registro, Evaluación y Ubicación de Menores, organismo que tras recibir órdenes judiciales "rechaza a los tutelados en repetidas oportunidades alegando la falta de cupo y disponiendo per se su reenvío a seccionales policiales en donde permanecen sin tratamiento alguno".
Se mencionó el caso paradigmático de un joven que se encuentra a disposición del Juzgado de Menores número 2 de Lomas de Zamora, que "ha sido devuelto en tres oportunidades a sede policial obligando tal circunstancia al magistrado a modificar la medida de internación en instituto de régimen cerrado, trocándola en un régimen de libertad vigilada".
El status quo planteado por la Suprema Corte confirma la crisis de las teorías preventivistas especiales de la pena, que inclusive están prescriptas en el artículo 18 de la Constitución Nacional: "situaciones como la mencionada implican además concretos perjuicios en los tutelados, puesto que la falta del régimen impuesto conlleva la ausencia del resultado pretendido, no lográndose así la rehabilitación de los jóvenes.
Además, el tribunal tomó en cuenta los problemas que a la policía le genera el alojamiento de menores en comisarías, al explicar que "dificulta el accionar policial, adjudicándole una función que no le es propia".
Así, la Corte le solicitó a Irma Lima que "se aboque a la correcta solución de la presente problemática" y reiteró "la urgente necesidad de contar con establecimientos adecuados que satisfagan los derechos e intereses constitucionales en juego".
El Tribunal ordenó además que la situación en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora sea comunicada al ministro de Seguridad, Ramón Verón, para que "adopte las medidas que estime corresponder para evitar la reiteración de hechos análogos por parte del personal policial".