Los alcanzados por la medida son Juan Bautista Sasiaiñ, Carlos Guillermo Suarez Mason, Cristino Nicolaides, Oscar Rubén Franco y el ex presidente de facto Reynaldo Benito Antonio Bignone, se confirmó en los tribunales federales.
A todos se los procesa como “coautores mediatos” de los delitos “de sustracción, retención y ocultación de menores, en concurso ideal con el de sustitución de identidad”, según se lee en la resolución de más de 200 páginas firmada por el juez Urso, que Diariojudicial.com publica íntegra.
Los nuevos casos que se suman son los de Silvia Dameri, a quien se vio por última vez en la Escuela de Mecánica de la Armada junto a su esposo y a su hijo de pocos meses de edad. También figura la situación de Mónica Sofía Grinspon de Logares, Yolanda Iris Casco, María Artigas Nilo y Aída Sanz Fernández, todas vistas con vida en el centro clandestina de detención “Pozo de Banfield”, en el sur del Gran Buenos Aires.
Los nuevos casos incluyen también el de María Elena Corvalán, detenida en “La Cacha”, cerca de la ciudad de La Plata y María Teresa Trotta, a quien se vio con vida en “El Vesubio”, en el oeste del Gran Buenos Aires. Figuran los casos de otras dos madres, Lucía Victoria Tartaglia y Claudia Victoria Poblete, quienes fueron vistas con vida en el “El Olimpo” un centro clandestino de detención que funcionó en la ciudad de Buenos Aires.
En la extensa resolución figuran también los casos de María Emilia Islas Gatti, Victoria Lucía Grisonas, Clara Ahahí Mariani e Hilda Victoria Montenegro.
La resolución establece para cada caso la responsabilidad de varios de los procesados, en todos los casos como “autores mediatos” de los hechos. En el caso de Suárez Mason, se le imputan trece casos de sustracción y ocho sustituciones de identidad. A Sasiaiñ, ocho sustracciones y seis cambios de identidad.
A Bignone, el ex almirante Franco y el ex jefe del Ejército Nicolaides se le imputan todos los casos de apropiación incorporados en la resolución -quince- y nueve sustituciones de identidad.
Además, en la misma resolución, el juez dispuso que se conforme un nuevo expediente para discernir si corresponde la prescripción de la acción penal contra los cinco imputados por los casos de sustitución de identidad de Laura Ruiz Dameri, Paula Eva Logares, María Victoria Artigas, Mariana Zaffaroni y Eva y Anatole Julien Grisonas, ya que se trata de jóvenes que fueron ubicados y recobraron su verdadera identidad.
Además de los procesamientos, que confirman por otra parte la prisión preventiva que todos los ex militares ya vienen cumpliendo, el juez elevó en todos los casos los embargos vigentes a 1.500.000 pesos.