TERMÓMETRO. La justicia federal, por su incumbencia, ha debido soportar embates de todo tipo, y en no pocas oportunidades han terminado pagando justos por pecadores. Acompañando la tendencia del “uso deportivo” del derecho penal, los grandes temas nacionales –en forma directa o tangencial- se ventilan en los juzgados federales, con la intervención, también, de fiscales federales. Ante los nuevos vientos que parecen soplar en torno a la transparencia en la selección de miembros de la Corte Suprema de Justicia, y de allí para abajo en la pirámide, no son pocos los habitantes del edificio de Comodoro Py 2002 que piensan que la designación de jueces para ocupar las vacantes, tanto en los cuatro juzgados como en el puesto a cubrir tras el fallecimiento de Luisa Riva Aramayo en la Sala Primera de la Cámara Federal, podría constituirse en un “test mach”, no ya para quienes aspiran a ocupar esos cargos sino para el fuero en su conjunto. Sucede que el viernes cerró el plazo de veinte días para presentar las impugnaciones ante el Consejo de la Magistratura y hubo, aparentemente, silencio de radio y habida cuenta que la mayoría de los candidatos a ocupar el cargo en la Cámara son precisamente jueces federales, consideran oportuna la ocasión para demostrar que “no todo lo que se dice de nosotros es cierto”. Si de nombres se habla , entre los candidatos mejor ubicados se encuentran los magistrados Jorge Luis Ballestero y Rodolfo Canicoba Corral -impresionó muy bien su currícula de antecedentes profesionales-, quienes en más de una oportunidad se vieron instalados en el frente de la tormenta. “Para pretender cambiar el orden en todos los concursos habría que remontar la selección hasta una veintena de candidatos y eso es prácticamente imposible por que ya pasaron las pruebas de oposición y antecedentes, en las que los federales estamos en una situación de privilegio”, advirtió uno de los candidatos en tren de confidencias. Entre otros postulantes aparecen también los fiscales federales, quienes también cruzan los dedos pensando en que la transparencia deberá demostrarse en los hechos y no sólo en las palabras, porque temen que en el Consejo la “buena letra” no se convierta en “in-justicia”.
YO ACUSO. Un tanto estridentes sonaron en los oídos de la mayoría de los abogados de la causa AMIA las declaraciones públicas del ex prosecretario federal Claudio Lifschitz, quien en el habitual acto de Memoria Activa frente al Palacio de Tribunales dijo un par de lunes atrás que la causa AMIA en manos de su ex jefe, el juez Juan José Galeano, “es como si a un homicida le entregaran el cuerpo de la víctima para que realice la autopsia y explique de que murió”. Tal afirmación no pasó desapercibida en los medios de comunicación y llegó rápidamente a los pasillos de la causa AMIA, donde querellantes, fiscales y defensores la consideraron desmesurada. No se podía esperar menos desde este sector, pero los explosivos dichos tampoco cayeron bien entre quienes suelen fustigar al juez Galeano en las audiencias orales. Por ejemplo el abogado de uno de los principales policías acusados, quien no se priva de golpear una y otra vez al juez instructor confió en off a un grupo de periodistas que “a Lifschitz se le fue un poco la mano”. El enojo llegó también, claro, a las oficinas donde el ahora acusador trabajó entre 1994 y 1996, en los meses más complejos de la causa AMIA. Desde el Juzgado Federal 9 partieron voces destempladas: “está diciendo que el juez Galeano es un asesino, no caben las metáforas”, indicaron. Puertas afuera, varios funcionarios judiciales coincidieron en que el juez debería romper su habitual mutismo y contestar el filoso ataque, quizás por aquelllo de que el que calla, otorga. Mientras tanto, el ex prosecretario declaró como imputado en una causa por violación de secreto que se abrió por una denuncia del ex secretario de Inteligencia de la Nación, Miguel Ángel Toma, quien pidió que se investigue si Lifschitz -a quien varios policías en el juicio oral señalaron como agente civil de Inteligencia de la Policía Federal- publicó en su libro información secreta de la SIDE sobre una causa donde se investigaba el accionar de supuestas “células dormidas” en Buenos Aires antes del atentado del 18 de julio de 1994. Muy pronto deberá volver a Comodoro Py 2002 pero para declarar como testigo en el proceso oral a la supuesta “conexión local” del ataque terrorista. Será, sin duda, una audiencia con mucho público y atención mediática. (Especial de Diariodeljuicio.com)
TIRON DE OREJAS. Es el que le dio la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires a los intentos que hubo desde algunos sectores de la justicia de incorporar personal a través de los planes sociales del gobierno, con el fin de cubrir las vacantes que desde hace mucho tiempo no se cubren y que afectan el funcionamiento de las distintas instancias judiciales. El alto tribunal provincial llamó la atención por medio de una circular que llevó la firma de su presidente, Eduardo Pettigiani, y que fue girada a todas las cámaras departamentales con el fin de que en estos ámbitos no se comenzara a instrumentar el plan que había nacido a propuesta del camarista de Garantías y Apelaciones a cargo de la Superintendencia de la departamental San Isidro, Fernando Marotto, de utilizar dichos planes asistenciales para pagar el salario de los que en la actualidad se desarrollan en carácter de pasantías y meritorios. La nota de la Corte reza –secamente- que el tribunal “no ha autorizado la incorporación de personal relacionado a tales planes". El pronunciamiento del cuerpo se debe a una presentación que día atrás les hizo llegar la Asociación Judicial Bonaerense en contra de ese plan ya que entendían que de ese modo de iba a precarizar el trabajo de los judiciales con la incorporación de esos subsidios como forma de pago. Todos hablan de los antiñoquis de la Argentina -los meritorios de tribunales- pero nadie quiere resignar un "cachito" de su presupuesto. Un buen intento es el que anunció el secretario gremial de la UEJN, Claudio Tolosa, quien señaló que el reclamo prioritario es que los meritorios cuenten como mínimo con la cobertura de una ART, y de paso anunció que espera que el Ministerio de Justicia dedique una parte de los fondos que recibe de los entes cooperadores (ACARA), para remunerar a los 1300 meritorios que hoy trabajan en los tribunales nacionales. Esa sí que va a ser difícil, porque esa plata ahora va para los contratos de asesores del ministerio, que tienen, como se sabe, el aval político de sus jefes.