De ese modo, la sala I de la Cámara rechazó el planteo que había presentado la defensa del ex magistrado en contra del pedido del fiscal Pablo Recchini para que éste diera cuentas de cómo había hecho para incrementar de ese modo sus bienes.
El recurso lo había presentado el defensor del ex juez, Héctor Rodríguez, quien estimó que el representante del Ministerio Público “no tenía facultades para realizar esa intimación” ya que era el juez de la causa, Jorge Ballestero, quien debía convocarlo a dar explicaciones.
Pero cuando analizaron la cuestión los vocales Martín Irurzun y Horacio Vigliani analizaron que "la circunstancia procesal de que la intimación sea hecha por un órgano distinto al juez garantiza de mejor forma la imparcialidad" y apuntaron que entonces el apelante "pretendió equiparar en forma errada la indagatoria con el requerimiento de justificación de bienes".
De ese modo, en el expediente, que estuvo parado algunos meses a raíz de esta presentación, volverán a correr los cuarenta días hábiles que el fiscal le había dado como plazo para que brindara explicaciones en el marco de la causa que se le sigue por supuesto enriquecimiento ilícito.
Las dudas sobre el incremento de Liporaci que renunció ante de ser destituido por el Consejo de la Magistratura, se basan entre otras cosas en la compra de una mansión ubicada en la localidad de Vicente López, por la que el ex juez dice haber pagado 610 mil dólares, aunque la propiedad fue valuada por varios peritos en más de un millón.
En su momento, el ex juez intentó justificar sus bienes y la manutención de los mismos con su sueldo como juez, cercano a los 5 mil pesos, y los ingresos de su esposa como empleada de la Cámara de Diputados, cerca de 2 mil pesos, y de tres de sus hijas, al tiempo que la casa dijo haberla comprado con dinero adquirido de diversos préstamos sobre cuyo origen existen serias dudas.