En el escrito entregado hoy en el juzgado de Urso, suscripto por el abogado Oscar Roger y el nuevo integrante de la defensa Oscar Salvi, se alega que no existió falsedad ideológica en los decretos 1697/91, 2283/91, 1633/92 y 103/95, en tanto se considera ïnaceptable e inédito encuadrar a un presidente de la Nación, a varios de sus ministros e integrantes de las Fuerzas Armadas, “como miembros de una mafia pensada, armada, estructurada y destinada a cometer delitos (en este caso concreto negociar armamento irregularmente”.
En la presentación judicial se sostiene que del fallo de Urso “no surge ni siquiera minimamente que mi asistido (por Menem) hubiera cometido alguna acción u omisión afín a la figura del jefe de una asociación ilícita”, y se agrega que “los decretos cuestionados se insertaban en el marco de su competencia exclusiva en lo que hacia a las decisiones políticas referentes, entre otros aspectos, al manejo de las relaciones exteriores de la Nación” y que, por lo tanto, “constituían actos de gobierno que no son judiciables”.
Asimismo, en el escrito se argumenta que a lo largo de la resolución impugnada “no hay elementos de convicción suficientes para estimar que existan hechos delictuosos y que Carlos Menem es responsable como partícipe de estos”, por lo que en caso de existir algún delito, el ex presidente resulta “totalmente ajeno” al mismo.
Al respecto, se señala que “no se encuentra ni remotamente acreditado”que Menem “haya participado dolosamente en la supuesta inserción de falsedades en los decretos” ya que él autorizó “legítimamente la venta de material bélico a las Repúblicas de Panamá, Bolivia y Venezuela”.
Tampoco se considera acreditado que Menem “haya integrado en carácter de socio, y mucho menos como jefe de una asociación ilícita que llevó a cabo maniobras ilícitas y relacionadas con tales negociaciones”.
Por otra parte, la apelación sostiene que “la valoración de la prueba y los hechos del proceso han sido deficientes y defectuosas”, a la vez que le advierte a Urso que la íntima convicción “alegada por el juez no es suficiente para fundar un legitimo auto de procesamiento”, e ironizó al asegurar que lo resuelto por el magistrado “no va más allá de un insuficiente, aunque esforzado trabajo” conformado por “meros juicios apresurados”. Se señala, en tanto, que en la selección y apreciación de la prueba, el juez “no ha escatimado esfuerzos en perjudicar la situación procesal" de Menem.
Por último, el escrito advierte que durante la indagatoria del 7 de junio, oportunidad en que se le comunicó a Menem su detención se produjo una omisión “insanable”cual es la de no haberle comunicado “la descripción de los hechos que darían lugar a la actividad criminal”.
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