Tales afirmaciones están contenidas en la presentación que anoche efectuaron los abogados defensores de Nazareno, Eduardo Antonio Aguirre Obarrio y Gregorio Badeni, dentro del plazo establecido por la Comisión para que el magistrado haga su descargo respecto de 13 de los 16 cargo acumulados en su contra.
“La Comisión de Juicio Político ha desconocido los principios más elementales constitutivos del debido proceso legal apartándose, inclusive, de la doctrina impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (...) impone la aplicación de las reglas del debido proceso legal en los pedidos de remoción de magistrados judiciales”.
Por otra parte, le advirtió a la Comisión que si bien las razones “que motivan la sustanciación de un juicio político no son susceptibles de revisión judicial” el “pronunciamiento condenatorio que emane del Senado queda sujeto al control del Poder Judicial en la medida que configure la violación sustancial de algunas de las garantías y derechos que la Constitución reconoce a todos los habitantes del país”.
Entre las nulidades e impugnaciones planteadas, los letrados de Nazareno señalaron que los procedimientos llevados a cabo por los diputados denotan “numerosas irregularidades determinantes de su nulidad”, y algunos se tornan “nulos de nulidad absoluta”.
Entre ellas reclamaron la excusación de 13 diputados integrantes de la Comisión por estar matriculados ante el fuero federal como abogados, porque “solo ellos están habilitados para efectuar peticiones” ante la Corte, cifra que abarca a casi la mitad de los miembros del cuerpo, y a los que consideraron “inhabilitados para actuar en el caso concreto”.
También les reprocharon a los legisladores “haber emitido opiniones condenatorias” contra Nazareno durante la instrucción, “acerca de separar de su cargo a nuestro representado” y condenaron la celeridad con que se efectuó el proceso.
“Es sugestivo que semejante celeridad, en el marco de una manifiesta desprolijidad, se verificaran conjuntamente con los requerimientos formulados por el titular del Poder Ejecutivo y uno de sus ministros para que se procediera a remover a algunos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y en particular a nuestro representado”.
Por otra parte, descartaron que los jueces sean removidos por el contenido de sus sentencias y efectuaron un análisis puntual de cada uno de los cargos que se le endilgan a Nazareno.