Salguero fue quien llevó al expediente la llamada “pista carapintada”, que ligaba a una presunta banda de reducidores de armas de guerra entre las que se contaban algunos partidarios de Aldo Rico y también señaló al entonces diputado nacional por el MODIN Emilio Morello, y pidió detenerlo, sin que el juez supiera sobre la condición de legislador.
Si el pedido de Salguero prosperaba, el avance sobre los fueros de un legislador le hubiera costado a Galeano al menos el apartamiento de la causa justo en el momento en que Juan José Ribelli y los policías bonaerenses que hoy son juzgados comenzaban a ser investigados en un sumario interno de la Bonaerense.
Pero ayer, en una extensa declaración, Salguero negó haber sido quien acercó el dato envenenado de Morello al expediente. “Eso lo trajo la SIDE”, aseguró, en un intento de desviar los puntos oscuros de su actuación en el insondable callejón sin salida de los servicios de inteligencia.
Pero la intentona fue vana. Es que en la causa hay varias fojas en las que queda más que claro que fue Salguero quien realizó “tareas de inteligencia” sobre Morello y pidió a Galeano una orden de allanamiento y detención sobre el domicilio del diputado.
Una es la 51.536, del 4 de diciembre de 1995, donde Salguero le comunica a Galeano que Morello realizó llamadas a teléfonos intervenidos “interesándose en detonadores”, por lo que decidió destacar “grupos operativos” para realizar “tareas de inteligencia” y verificar el domicilio del hombre del MODIN.
Después, en la foja 51.539, el mismo Salguero le toma una declaración testimonial a un subordinado de la Brigada de Quilmes, el oficial inspector Jorge de Bourgoing, quien asegura que Morello efectivamente vivía en la calle Río Atuel 739 de la localidad de Bella Vista, lo que se verificó en “distintas operaciones encubiertas” en las que, sin embargo, no se agrega ningún dato sobre la condición de diputado nacional del investigado.
Pero más reveladora resulta otra foja posterior, la 51.542, donde consta el pedido de allanamiento de la casa de la calle Bella Vista y la “detención de Emilio Morello”.
“Los fojas son contundentes por sí mismas” explicó por la querella de la AMIA el abogado Miguel Bronfman. “Es Salguero el que ordena y firma todo”, remarcó a Diariojudicial.com y añadió que en la audiencia de ayer el comisario “se contradijo abiertamente” con lo que escribió en el expediente.
“Él investigó a Morello, no podía desconocer que era un diputado nacional” aclaró además Bronfman, partidario como los fiscales de que la detención del legislador riquista buscaba perjudicar al juez Galeano y desviar la pista lejos de la policía bonaerense.
El fiscal Alberto Nisman fue el primero en intentar ayer que Salguero reconociera su firma en las polémicas fojas, para que la contradicción quedara clara. Pero el presidente del Tribunal, esta semana Miguel Pons, se negó terminantemente.
La cerrada negativa del juez crispó los nervios de los querellante de la AMIA, DAIA y Familiares y de la Fiscalía, por el cambio de actitud del Tribunal.
El fiscal Nisman no ocultó su sorpresa por la negativa del juez Pons y recordó en la misma audiencia que los jueces fueron muy permisivos a la hora de confrontar con decenas de documentos del expediente a los empleados y funcionarios del Juzgado Federal de Juan José Galeano, aún los que fueron firmados por terceras personas.
“Es bastante indignante. No se advierte porque el TOF tomó esa actitud” replicó Nisman, quien por primera vez en lo que va del extenso juicio oral hizo reserva de recurrir a la cámara de Casación por una decisión del Tribunal.
Pero desde la AMIA fueron aún más duros con el TOF. Allí calificaron de “sorprendente” la actitud de los jueces. “El Tribunal protegió a un ex funcionario acusado de desviar la investigación”, remarcó Bronfman en diálogo con este diario y al igual que el fiscal protestó por “el trato diferencial de los testigos en la audiencia”.
Se reavivó así una polémica que se abrió cuando los jueces Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo interrogaron con dureza a los secretarios de Galeano y hasta metieron preso por falso testimonio a uno de ellos, Javier De Gamas. Así se ganaron un encono definitivo en las oficinas del Juzgado Federal 9 y otro, creciente, en los pasillos y la audiencia del juicio.