Con esa decisión judicial el aumento fue suspendido al hacer lugar a la presentación que el domingo realizara el secretario estatal de justicia, Sergio Zveiter, con el argumento de que el incremento afectaba a la economía popular y viola el código de defensa del consumidor.
ANATEL, por medio de una resolución, había autorizado el alza de las tarifas a raíz de que las operadoras telefónicas las exigían para la fijación del costo del servicio en base al índice general de precios.
Pero la medida de la justicia sólo se aplicó en Río de Janeiro, ya que fue ese estado el único que acudió a la justicia para frenar los aumentos, con lo cual el resto de Brasil deberá soportar un aumento de entre el 24,5 y 41,7 por ciento.
La medida fue dispuesta por el juez Luiz Felipe de Medeiros Francisco, quien suspendió la medida y emplazó a ANATEL y las empresas telefónicas a presentar sus planteamientos en donde funden el por qué se deben aumentar las tarifas.
Entre los consorcios está la filial de la empresa telefónica de España y varias asociaciones privadas nacionales que exigieron el cumplimiento del contrato de privatización, que establece graduales reajustes de las tarifas.
Al momento de presentar sus recursos de apelación, trascendió que las concesionarias manifestarán que para este caso el código de defensa del consumidor no se puede aplicar porque se trata de un contrato entre el estado y las empresas privadas.