En un fallo de medio millar de carillas, Canicoba Corral describió la trama del plan que se gestó en Chile a poco del derrocamiento del presidente constitucional de ese país, Salvador Allende, a manos de Augusto Pinochet, y que se extendió en Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay donde los gobiernos dictatoriales coincidieron en eliminar a los opositores, con el respaldo de los Estados Unidos, tal como se consigna a lo largo de la extensa resolución.
Canicoba Corral procesó a Videla por asociación ilícita agravada, comprendida en el artículo 210 bis del Código Penal, que contempla penas que van desde los cinco a los veinte años de prisión, a la vez que dispuso llamar a ampliar la indagatoria del ex dictador para el próximo 17 de agosto, a fin de que responda por los casos puntuales de personas extranjeras desaparecidas en la Argentina en aquellos años.
El magistrado entendió que está "acreditada" la participación de Videla en el "montaje estructural y mantenimiento de la asociación" y que desde el cargo que desempeñó "no puede en modo alguno ignorar su conocimiento".
VIdela fue acusado por los delitos de "privación ilegal de la libertad, secuestros, imposición de tormentos, robo y falsificación y uso de documentos, tenencia de documentos en blanco". Asimismo, dio por acreditada la "interrelación de las partes y su accionar conjunto y coordinado en atención a la formación y mantenimiento de la asociación ilícita".
En esta causa -iniciada años atrás por el ex juez federal Adolfo Bagnasco- se encuentran imputados además el ex jefe del Primer Cuerpo de Ejército Guillermo Suarez Mason y el ex ministro del Interior durante Albano Harguindeguy; así como también los ex dictadores Alfredo Stroessner y Augusto Pinochet, y jerarcas militares de los distintos países de la región.
Canicoba Corral llegó a la conclusión de que el Plan Cóndor fue "un acuerdo de máximo nivel político" militar que tuvo como base de operaciones Santiago de Chile, cuya aplicación fue reconocida "indirectamente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos", hecho que fue incorporado a la causa a partir de los documentos desclasificados en ese país. En ese sentido se hace mención a la existencia de una "base de comunicación norteamericana para compartir inteligencia" que funcionó en la zona del Canal de Panamá, según lo confirma un cable remitido por el entonces embajador americano en Paraguay, Robert White, al Departamento de Estado.
En cuanto a la responsabilidad de Videla, el juez consideró "de vital importancia" las declaraciones del fallecido jefe paramilitar Aníbal Gordon quien el 31 de mayo de 1986 aseguró que él recibía ordenes del jefe de la SIDE durante el gobierno militar, el general Otto Paladino, "quien a su vez las recibía del entonces presidente Jorge Videla".
Videla, según se detalla, poseía "a su disposición funcional el aparato del Estado, con cuya disponibilidad pudo llevar a cabo la celebración del acuerdo por el cual se conforma y organiza la asociación ilícita".
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