Alfonsín fue convocado por el juez Claudio Bonadío sobre la base de la carta que el ex presidente envió a las autoridades parlamentarias de la Unión Cívica Radical (UCR) que fue publicada íntegra por Diariojudicial.com en su edición del 6 de junio último y luego incorporada al expediente.
En esa carta, el ex presidente dijo que la validez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida –dictadas por el Congreso durante su gobierno, en 1987- “debe hacerse hoy al margen de una puja o conflicto de poderes, y resolverse conforme a la íntima convicción de los máximos responsables de los poderes de la República”.
“El señor Presidente, si llegare a la conclusión de que estas leyes no debieron existir nunca, podrá poner en conocimiento de los hechos al señor Procurador General de la Corte para que solicite la declaración de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia”, sugirió Alfonsín.
Pero la posta no la recogió el presidente Néstor Kirchner sino el juez Bonadío, quien decidió citar a Alfonsín para que, en condición de testigo y bajo juramento, explique las condiciones en que fueron dictadas las leyes que, de cualquier forma, el mismo juez ya declaró inconstitucionales.
“Los dichos de Alfonsín avalan la nulidad de las leyes por vicio de consentimiento”, remarcó una fuente judicial al balancear los dichos del ex mandatario, que estuvo algo más de una hora en el despacho de Bonadío, acompañado por su abogado, el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra.
“No le pusieron una escopeta en la espalda, pero hubo mucho ruido previo que influyó en la decisión”, graficó la fuente.
Vestido de sport, con un gabán azul que contrastaba con los recios sobretodos de allegados y custodios, Alfonsín se retiró estrechando la mano de los policías que los mantenían lejos de los periodistas, y sin contestar preguntas partió directamente desde el garage del subsuelo del edificio de los tribunales federales.
“Por encima de la ética de los principios, primó la ética de la necesidad”, le dijo Alfonsín al juez. “Se podría interpretar que Alfonsín dictó esas leyes presionado, por lo cual su validez estaría viciada”, especuló una fuente judicial.
Bonadío ya declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, al avanzar en los procesamientos con prisión preventiva de varios ex jefes militares, entre los que se cuenta el ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército, Guillermo Suárez Mason, y el fallecido Leopoldo Fortunato Galtieri, por la desaparición de integrantes de la llamada “Tropas Especiales de Infantería” de Montoneros, entre 1979 y 1981.