Entre los considerandos, el decreto firmado por el presidente Néstor Kirchner y el ministro de Justicia Gustavo Béliz recuerda “el incremento de la violencia y el delito” y llama a “extremar los esfuerzos para preservar del modo más eficaz a la comunidad toda”.
También, el decreto recuerda en sus considerandos que hay “numerosos proyectos legislativos” en el Congreso y que “algunos guardan coincidencias, otros aparecen superpuestos y los hay también que resultan contradictorios entre sí”, por lo que “sumaría un aporte útil facilitando con su acción el máximo aprovechamiento” de estas iniciativas.
En esa línea, el Poder Ejecutivo valoró como “beneficiosa y exitosa” la labor de la Comisión Asesora para la Prevención del Secuestro de Personas, por lo que consideró “conveniente” la continuidad del grupo, ahora para proponer reformas en otros frentes.
”Son muchos los aspectos a considerar”, indica el decreto, como “el gravísimo problema que presenta el crecimiento del número de robo de automotores, la proliferación y uso creciente de armas para la comisión de delitos y la utilización de menores con tales fines.”
Así, la comisión estará formada ad honorem por las mismas personas que estudiaron los cambios de penas en materia de secuestros, con algunas incorporaciones “limitadas”.
Ahora, integrarán la comisión las diputadas María del Carmen Falbo (PJ–Buenos Aires) y Margarita Stolbizer (UCR– Buenos Aires); los senadores Jorge Agúndez (UCR-San Luis) y Miguel Ángel Pichetto (PJ-Río Negro); el ex ministro de Justicia León Arslanián, junto a los abogados Carlos Beraldi (socio de Arslanián), Pedro David, Tristán Garcia Torres (ex camarista criminal y correccional), Domingo Marino, Julio Piaggio y el profesor Norberto Eduardo Spolansky.
Como en el caso de la comisión que propuso reformas al Código Penal para prevenir secuestros extorsivos, la nueva estará “coordinada” por Arslanián, con la participación de los secretarios de Política Judicial y Asuntos Legislativos, de Seguridad Interior, y de Justicia y Asuntos Penitenciarios, todos dependientes del ministerio de Justicia.