Solá en ocasión de entregar 400 patrulleros a la policía de su provincia, afirmó que la decisión de los fiscales de allanar deberá ser comunica al juez de garantía competente solo en caso de extrema urgencia “porque ha sucedido que por demoras en la instrumentación de estas medidas se han escapados varios delicuentes.”
En otro orden manifestó que el objetivo “es que los fiscales puedan interrogar a los testigos en caso de tráficos de drogas que por ahora es una cuestión solo reservada a la justicia federal.”
Por otro decreto, “hemos autorizado a los jueces de paz bonaerenses, que son mas de un centenar a que dispongan allanamientos y detenciones” pasándose a ser jueces naturales, aunque “luego sus decisiones deberán ser refrendadas por el juez de garantías competente”.
En este mismo contexto se anunció otro decreto que otorga a la Gendarmería y Prefectura que actúan en territorio bonaerense como consecuencia del plan firmado por el gobierno nacional y de esa provincia, las mismas facultades que posee la policía.
Asimismo se dejó en claro que todos estos decretos, tendrán que pasar por la órbita de la legislatura bonaerense para introducir las modificaciones en la ley orgánica del poder judicial provincial y en el código procesal penal.