Estas postergaciones preocupan intensamente a las instituciones en las que se agrupa la comunidad judía. Así, Marta Nercellas, abogada querellante por la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) lo puso en evidencia en diálogo con Diariojudicial.com: "Todo el tiempo que transcurre mejora la situación de los procesados y aumenta la sensación de impunidad, sobre todo si no hay una razón importante para la prórroga".
La decisión respecto del comienzo del juicio está a cargo de los magistrados que integran el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3, Gerardo Larrambebere, Carlos Andina Allende y Miguel Pons. Durante las últimas semanas circuló una versión que indicaba que no se había fijado la fecha del juicio porque la sala de periodistas de los tribunales de Retiro no es adecuada para recibir a los cientos de comunicadores que llegarán de todo el mundo para informar sobre la sustanciación del debate.
Sin embargo, es un secreto a voces que el secretario de Justicia, Melchor Cruchaga, ofreció la instalación de una carpa gigante frente a los tribunales de Comodoro Py con todas las comodidades y para cerca de 300 cronistas, lo que descarta de lleno cualquier impedimento referido a la infraestructura.
Además, la Cámara Nacional de Casación Penal autorizó la construcción de una nueva Sala de Periodistas en el edificio judicial de Comodoro Py 2002, que tendrá capacidad para 150 personas y que contará con un circuito cerrado de televisión que permitirá seguir el juicio oral y público en directo. Por otro lado, habrá en la sala de audiencias -entregada en marzo con un costo aproximado de 600 mil pesos- un sector destinado a otros cuarenta periodistas.
De todas formas, mientras hay quienes se preocupan por la situación edilicia, a otros se les ponen los pelos de punta cada vez que recuerdan que la mayor parte de los procesados están con prisión preventiva desde hace más de tres años, por lo que correría la ley del dos por uno (por aplicación del principio de la ley penal más benigna al reo) favoreciendo a los presuntos responsables.
Sin embargo, Nercellas explicó que van a pedir que no se aplique el beneficio desde la fecha en la que entró en vigencia la ley que derogó el polémico instituto, teniendo en cuenta que se trata de una figura procesal penal, "de aplicación inmediata -salvo que se afecten garantías-, tal como lo dijo en numerosos precedentes la Corte Suprema", sin que juegue el principio de la norma más favorable.
La abogada querellante además se quejó de que el tiempo que transcurre le da margen a los procesados y a sus defensores para "chicanear". Así, advirtió que comenzó a circular un libro escrito por los policías detenidos en el que sostienen que son "perejiles" y que todo lo investigado por el juez federal Juan José Galeano "es una historia inventada".
Campaña
Por otro lado, la Unidad de Investigaciones Especiales, un organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia, comenzó una campaña institucional en todo el país con el propósito de favorecer la apertura de nuevas vías de información en relación con la investigación del atentado a la AMIA.
Encabezado por Cruchaga, el organismo puso en marcha el lunes una serie de avisos que incluyen la difusión masiva de afiches para vía pública, cortos televisivos con imágenes de las tareas de rescate realizadas durante los días posteriores al atentado y un mensaje radial, "que remarca la necesidad de agotar las instancias para alcanzar la toda verdad y encontrar a todos los culpables involucrados en los atentados que significaron la pérdida desgraciada de 107 vidas (incluido el ataque contra la embajada de Israel en 1992, que investiga la Corte Suprema)", según informaron voceros de la cartera de Justicia.
"A través de este material se pretende recordar el compromiso del conjunto de la sociedad argentina y la voluntad del Gobierno de la Nación con la búsqueda de la justicia y la condena de todos los culpables", se explicó a trevés de un comunicado.
El Poder Ejecutivo, apuntando a la posible aparición de informantes, difundirá también la recompensa que se entregará a quienes aporten datos e informaciones que contribuyan con la investigación, así como los beneficios de protección de testigos, la reserva de identidad y la reducción y conmutación de penas previstas por la ley del arrepentido.
Los afiches de la campaña publicitaria se han impreso además de en castellano, en portugués, francés, inglés, alemán, farsí, hebreo y árabe, considerando los distintos ámbitos a que va dirigida la búsqueda de información (aeropuertos internacionales, la Triple Frontera, Embajadas, entre otros puntos).
La Unidad de Investigaciones Especiales solicitó también la colaboración de los veinticuatro gobernadores para la difusión en sus respectivas provincias, y el Ministerio de Relaciones Exteriores colabora a través de la Unidad de Guardia Telefónica, que estará en condiciones de recibir denuncias o informes durante las 24 horas.
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