Esta decisión había sido adelantada la semana pasada por el mismo presidente a los dirigentes de la comunidad judía, luego del acto de recuerdo de las víctimas del atentado al cumplirse nueve años del ataque.
Incluso anoche, el presidente convocó a los dirigentes de la AMIA, la DAIA y la Agrupación de Familiares y Amigos de las Víctimas del atentado para comunicarles su decisión.
En la misma reunión, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, confirmó que también se pondrán a disposición de Galeano los archivos de la disuelta dirección de inteligencia de la Policía bonaerense.
Estos archivos están guardados en la Casa de la Memoria de la provincia, en la ciudad de La Plata, a disposición de la Cámara Federal de esa ciudad, en el marco del llamado “Juicio por la Verdad Histórica”, donde se busca establecer el destino final de las víctimas del terrorismo de Estado en la década del 70’.
El presidente de la DAIA, José Hercman, destacó en particular la apertura de los archivos provinciales. “Llegan hasta 1999, es decir, está todo el período que nos interesa”, remarcó.
En los discursos del viernes estuvo presente el tema de estos archivos, que interesan por dos motivos: por un lado, saber si hay información de inteligencia sobre presuntas “células dormidas” fundamentalistas, en especial en la zona de Cañuelas, donde aún funciona una mezquita que –según indicó el juez Galeano en un extenso trabajo sobre la conexión internacional del atentado- podría haber albergado a presuntos terroristas.
También, los archivos platenses podrían servir para saber si la inteligencia policial realizó su propio “sumario” sobre los policías bonaerenses acusados de haber provisto la camioneta-bomba a los terroristas, o sobre los investigadores del caso.
En el juicio oral, varios policías retirados que revistaban al mando del polémico comisario Luis Vicat en una unidad especial de la PBA aseguraron que sus colegas de inteligencia los vigilaban.
Por su parte el titular de la AMIA, Abraham Kaul dijo que la medida del presidente “pone al alcance de la mano todos los elementos disponibles” sobre el atentado.
Además, Kaul aseguró que tiene el compromiso del ministro Fernández, “para facilitar los archivos de Migraciones”, que servirían para obtener “mucha información sobre muchos iraníes que entraron al país antes y después del atentado”.
En rigor, esta información ya se viene sistematizando desde hace tiempo en la Unidad Especial de Investigación del atentado (UEI), que depende del ministerio de Justicia y el juez Galeano ya incorporó al expediente lo que tiene que ver que el inusual paso por Buenos Aires de correos diplomáticos iraníes inmediatamente antes del atentado y hasta pidió la captura de uno de ellos, Barat Alí Balesh Abadi.
Con tachaduras
Más allá de la satisfacción de los querellantes, observadores de la causa ya pusieron el ojo en el artículo dos del decreto, donde se indica que las fuerzas de seguridad deberán “mediante testado”, preservar “aquellas circunstancias que puedan reflejar el modo de operar de las Fuerzas de Seguridad y la identidad de sus agentes”.
Se trata de una prevención aún mayor que la tomada por la secretaría de Inteligencia del Estado, cuando con bombos y platillos entregó al juez Galeano su “informe final” sobre el atentado, que generó duras discusiones y varios pedidos de aclaraciones por parte del juez a la central de agentes.
En ese caso, el juez tuvo acceso a la versión completa, pero luego la SIDE tachó nombres y alusiones a servicios de inteligencia extranjeros antes que el voluminoso informe se incorporara la expediente.