01 de Julio de 2024
Edición 6996 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 02/07/2024

El recorte y el Poder Judicial

Magistrados e integrantes del Consejo de la Magistratura señalaron que la intangibilidad de los salarios de los magistrados es una garantía de independencia de los jueces.

 
Funcionarios judiciales dieron su versión respecto a las medidas económicas anunciadas ayer por el Gobierno Nacional que no afectan a los poderes Legislativo y Judicial. De todas maneras, el Secretario General de la Unión de empleados judiciales, Julio Piumato anunció el repudio al recorte de los sueldos de los estatales.

El camarista civil e integrante del Consejo de la Magistratura, Claudio Kiper sostuvo ante la consulta de Diariojudicial.com que “ahorrar es difícil. Al Poder Judicial ya se le hizo un recorte de 200 millones de pesos, nosotros pedimos para el presupuesto de la Justicia, 900 millones y desde Economía nos enviaron 650, ya no se puede recortar más”.

“Desde hace diez años, desde que se creó la ley de Autarquía Judicial, el Estado debe otorgarle a la Justicia una tasa del 3 por ciento de lo recaudado, sin embargo el Poder Judicial sólo recibió el 1 por ciento”, explicó. El magistrado indicó además que “la justicia está atravesando por un momento crítico en materia presupuestaria que repercute también en gastos administrativos de los juzgados” al tiempo que subrayó la “emergencia edilicia de los tribunales”.

A su turno el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, el camarista laboral Juan Carlos Fernández Madrid explicó que “los sueldos de los jueces son intangibles, así se incluyó en la última reforma de la Constitución Nacional de 1994 para otorgarle esa garantía a los jueces para evitar que éstos perdieran su independencia, porque se entendió que el hecho de pretender aumentar o bajar el sueldo de los magistrados se podía utilizar como medio de presión”.

El magistrado si bien reconoció que las medidas tomadas son desencadenantes de conflictos manifestó que “el Poder Judicial es un poder que no está bajo la orden del Poder Ejecutivo y puede invitar al Poder Judicial a recortarse los sueldos, en ese caso deberá decidir la Corte Suprema o el Consejo de la Magistratura que es lo que se debe hacer”.

“Esta solución económica de pagar con lo que entra, es terrible. No es una solución económica sino una medida de necesidad, nadie pone la plata”, señaló Fernández Madrid.

También el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Diego May Zubiría adelantó que “sólo el uno por ciento del presupuesto de la Nación es destinado a este poder mientras que en los países civilizados reciben entre un cinco y ocho por ciento”. “Creo que no se le puede pedir más a la Justicia ya que desde hace años está siendo sometida a una austeridad obligatoria”, opinó.

Asimismo el camarista federal de San Martín, Horacio Prack señaló que existen dos mecanismos otorgados por la Constitución a los jueces, necesarios para garantizar la independencia de los mismos como son la designación vitalicia y la intangibilidad de los salarios.

“El hecho de que exista intangibilidad en los sueldos no implica un beneficio especial a los jueces como creen muchos, sino que es una garantía a la imparcialidad que tenemos los jueces para emitir una sentencia, lo que se traduce en un beneficio para todos los ciudadanos a tener una justicia transparente”, manifestó.

“Dada la situación por la que atraviesa el país, los magistrados deberían aceptar una disminución razonable en los salarios. En lo personal me creo lo suficientemente independiente como para no verme afectado si me llegaran a reducir el sueldo. Habría que plantearlo”, estimó Prack.

Por otra parte, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación que conduce Julio Piumato dio a conocer a través de un comunicado que mañana realizarán un plenario de comisiones internas “para analizar la situación y las medidas a llevar adelante para defender nuestros salarios, nuestros derechos, a la Justicia y a la Patria”.

“Los trabajadores judiciales rechazan los anuncios realizados por el gobierno en la que con una carga de cinismo e hipocresía insostenible De la Rúa y Cavallo anunciaron el séptimo ajustazo en lo que va del actual Gobierno: siguiendo la lógica que en los últimos doce años impuso este modelo económico perverso: que la crisis la paguen los asalariados. Sin mostrar hasta qué punto va a afectar nuestros salarios, describieron las prioridades: primero pagar la deuda externa (declarada fraudulenta e ilegítima por la Justicia Federal) y con lo que queda pagar los salarios”.

“Los judiciales en principio no estamos incluidos en la rebaja. Pero ya empezó la presión para que se aplique: esta mañana el Presidente reclamó frente a los representantes de la usura financiera y de las grandes corporaciones "un gesto patriótico" a los jueces, para que bajen los salarios.

En la Justicia se va a agudizar el ahogo presupuestario y nuestros reclamos sobre la deuda salarial por el reescalafonamiento y por los juicios, la efectivización de los contratados y la insoportable situación de los meritorios se verán seguramente afectados”.

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