“El panorama actual aquí y en el exterior ayuda a que por fin se debata en el Congreso este tema”, estimaron las fuentes, que recordaron que ya circula un proyecto de ley, firmado por el senador justicialista Miguel Ángel Pichetto, junto a otros pedidos de reformas parciales del Código Penal.
Ese proyecto, que Diariojudicial.com publica junto a esta nota, ya fue girado a una decena de comisiones del Senado, entre las que se cuentan las de Seguridad Interior, de Defensa Nacional, y de Asuntos Penales, entre otras.
Allí se define “terrorismo internacional” como una actividad “dirigida por países o grupos fuera de su territorio nacional” que “haciendo uso ilegal y premeditado de la fuerza y/o la violencia” busca “el logro de objetivos políticos, sociales, religiosos, económicos, culturales, financieros, o de cualquier otra índole, cuya consecución ponga a las naciones en situación de agresión militar, coerción económica o presión política”.
Pero también apunta al “terrorismo doméstico”, donde incluye a “las actividades de organizaciones o grupos políticos y del crimen organizado, que tengan por objeto la realización de actos terroristas de carácter doméstico y/o que contribuyan a llevar adelante actos terroristas de carácter doméstico perpetrados por terceros”.
Los observadores del tema señalaron que este límite fino entre lo que puede ser considerado como “terrorismo” y una manifestación política disidente más o menos violenta es el que, hasta ahora, obturó el debate parlamentario, más si se tiene en cuenta que –según el “proyecto Pichetto”- la SIDE podría intervenir legalmente en investigaciones internas si se vinculan a delitos tipificados en la ley.
Un viejo reclamo
Uno de los primeros que comenzó a pedir una ley adecuada fue el juez federal a cargo de la causa por el atentado contra la AMIA, Juan José Galeano, quien al elevar a juicio la acusación contra los integrantes de la supuesta “conexión local” del atentado terrorista de 1994, recordó que venía realizando su trabajo sin las normas adecuadas.
La semana pasada, al cumplirse nueve años desde el atentado donde murieron 85 personas, tanto el presidente de la DAIA, José Hercman como el de la AMIA, Abraham Kaul recogieron la posta y reclamaron una legislación antiterrorista adecuada, al tiempo que advirtieron que el proyecto debía “consensuarse” con los organismos de derechos humanos.
En la primera reunión que la DAIA mantuvo con el presidente Kirchner, en los primeros días de junio, le reclamaron la sanción de la ley. Después, en el acto aniversario del atentado, el propio presidente aplaudió desde el escenario cuando los dirigentes comunitarios pidieron la sanción de la ley.
También descansa desde hace un par de meses en la casa de Gobierno una copia del informe anual sobre los “Padrinos del Terrorismo Global”, donde el Departamento de Estado norteamericano advierte que tras los atentado de setiembre de 2001 en Estados Unidos, “la Argentina no ha hecho progresos significativos en la sanción de nuevas leyes internacionales que podrían facilitar largamente la investigación y persecución de los terroristas”.
Para la oficina que dirige Colin Powell, este atraso se debe a que “los abusados del pasado de la dictadura militar limitan el consenso” necesario para que la opinión pública argentina acepte que las fuerzas de seguridad tenga “más poderes”.
Estas prevenciones también estuvieron presentes en la reunión que mantuvieron la semana pasada las autoridades del American Jewish Comitteé con el senador Pichetto y su colega Mabel Müller en el Congreso.
Los americanos pidieron la sanción de una ley específica, confirmaron fuentes legislativas, que aseguraron además que los visitantes consideraron como “importante” el proyecto que comenzaría a debatirse en el Congreso en las próximas semanas.