Un tribunal de la provincia de Salta ordenó la detención de los coroneles Carlos Mulhall y Miguel Gentil luego de que ese juzgado declarase inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La decisión fue adoptada por los camaristas Ricardo Munir Falú y Dardo Rafael Ossola, de la Cámara Federal de Salta, en ratificación del fallo del juez de primera instancia, Miguel Antonio Medina. Los coroneles son considerados responsables de la denominada "Masacre de las Palomitas" ocurrida en esa provincia el 6 de julio de 1976, cuando 12 presos políticos fueron fusilados. En este sentido, Mulhall, Espeche, y el Comisario Livy de la Policia Federal, son sospechosos de haber participado activamente en esta “masacre”. En su momento, al declarar ante la Cámara Federal de Tucumán Espeche relató que “sólo trasladó al grupo de presos y lo entregó a la salida de la ciudad de Salta”. Por su parte, Mulhall, se amparó en su momento en su avanzada edad (más de 70 años) para alegar que “no recordaba nada”.
Sin extradición
El italiano Leonardo Bertulazzi, supuesto integrante de las Brigadas Rojas, detenido en Buenos Aires en noviembre de 2002 con fines de extradición a Italia fue dejado en libertad, por orden de la juez federal María Servini de Cubría porque la justicia romana lo condenó “en ausencia”, un procedimiento que va contra la ley 24.767, que rige las condiciones de las extradiciones. “De acuerdo con nuestras leyes, el hecho de que haya sido condenado en rebeldía impide el legítimo derecho a defensa”, confirmaron fuentes judiciales. A pesar que Bertulazzi ya está en libertad el trámite judicial aún no concluyó, porque el fiscal Guillermo Marijuán interpuso un recurso ante la Cámara Federal por una cuestión formal: la juez Servini dio por finalizado el trámite de extradición sin haber fomulado el juicio de extradición, un aspecto formal que no cambiaría la situación del ciudadano italiano condenado en su país.
Censura a la Dominicana
El gobierno de la Republica de Nicaragua, a cargo del presidente Hipólito Mejía, fue intimado a devolver a la editora Listín Diario, cuatro periódicos que las autoridades incautaron en mayo pasado. El Poder Ejecutivo nicaragüense intervino en los cuatro medios escritos de Listín Diario basándose en que existía un supuesto vínculo entre la editora y el Banco Intercontinental, liquidado el mes pasado por comprobarse un fraude de unos 2.200 millones de dólares. Pero el juez interviniente, Samuel Arias Arzeno, observó que durante la intervención en los cuatro diarios, las autoridades gubernamentales “violaron el derecho a la propiedad de la editora Listín Diario”, en tanto fuentes gubernamentales indicaron que apelarán esta medida.