La ofensiva contra el ex vicepresidente del Máximo Tribunal está sustentada en diez cargos vinculados con las causas Magariños, Meller y Macri, tres casos fundamentales de los que partieron argumentos para explicar por qué el magistrado tuvo un “mal desempeño en sus funciones”.
Además, dos causas con cinco nuevos cargos fueron sumadas por Diputados: el llamado caso Leiva y otro en el que se supone que ejerció presión sobre tres funcionarios de la Corte que habían sido llamados a testificar el pasado año por la comisión en la causa del atentado a la Embajada de Israel.
El único sufragio en contra partió de la legisladora menemista Alejandra Oviedo. Oviedo cuestionó enfáticamente la decisión de la comisión por entender que "está avanzando sobre el Poder Judicial", en tanto que informó que presentará junto a su par Enrique Tanoni un dictamen en minoría referido a la conducta de Moliné O´Connor.
También por mayoría, se dio marcha para proponer a la Cámara el inicio de un proceso de destitución del juez federal Norberto Oyarbide y el fiscal general, Carlos Sáenz, porque consideraron que estos intentaron entorpecer la labor de la comisión y ejercer presión sobre los diputados.
Moliné podrá presentar su descargo hasta el 7 de agosto a las 11.30, en tanto que existe consenso entre los bloques para tratar la promoción del juicio político en el recinto, el 13 de agosto próximo.
A favor de Oyarbide
Los ahorristas “estafados” liderados por el cómico devenido político Nito Artaza y la entidad Defensa Ciudadana se manifestaron en contra de la posibilidad de que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados le inicie un proceso de juicio político al juez federal Norberto Oyarbide, quien tiene en sus manos casualmente una denuncia en contra de ese cuerpo.
Las entidades por medio de un comunicado manifestaron que a raíz de esos hechos en la Argentina se continúa desvirtuando “la naturaleza de los procesos de Juicio Político”, ya que consideraron que de prosperar la causa en contra del juez federal se lo estaría enjuiciando por cumplir con su deber de instruir una causa".
Recordemos que semanas atrás fue el mismo Artaza, quien denunció ante la justicia federal a los miembros de la Comisión por "impedir o estorbar actos de un funcionario público y violación a los deberes. de funcionario público".
En esa oportunidad los ahorristas habían deslizado que la “catarata” de enjuiciamientos a magistrados tenía plena relación con la posibilidad de que la Corte mediante un fallo redolarizara y liberara todos los fondos que aún permanecen en el Corralito.
En ese sentido, los ahorristas opinaron que esa mecánica obedece a una presunta intención "de dar respuesta simplemente a intereses sectoriales, léase saneamiento del sistema financiero y mandatos del FMI respecto a la redolarización de los depósitos".