Así lo resolvió el viernes de la semana pasada, en un fallo que recién trasciende a la prensa ahora, cuando se completaron las notificaciones correspondientes.
En el sobreseimiento, que también alcanzó al ex viceministro de Economía Carlos Sánchez, Speroni concluyó que en el mega expediente del caso Armas, “no existe un sólo elemento” que pruebe que los funcionarios investigados sabían que el material bélico tendría como destino final Croacia y Ecuador y no Venezuela y Panamá, como figuraba en los decretos que tanto el ex presidente como varios de sus ministros firmaron.
Speroni remarcó que en los “500 anexos que ocupan un cuarto de 12 metros cuadrados de un metro y medio de altura”, y en los “250 cuerpos de actuaciones”, que engrosan el expediente “no existe un sólo elemento, una sola foja y un sólo indicio que indique puntual y directamente que algunas de las personas consideradas en la presente actuación tenían conocimiento al momento de firmar los decretos que la mercadería iba a ser dirigida a un destino diferente del que se estaba autorizando”, remarcó el juez.
Para Speroni, Menem resultó preso porque “el inconsciente popular ha logrado inmiscuirse dentro del marco de esta investigación arrimando la pesquisa al ambiente popular que demanda una cantidad mínima de elementos para confirmar sospechas, las que, dentro del ambiente judicial, no poseen suficiente entidad".
Ordena y resuelve
En su extensa resolución, Speroni se dedicó a ordenar la avalancha de fallos de diversos jueces e instancias que en más de cinco años fueron modificando la situación procesal de los imputados.
Al respecto, el juez aclaró en su resolución que “el paso por distintos componentes del Poder Judicial ha dejado huellas que se ven reflejadas” en una multitud de resoluciones, que generan un “permanente estado de proceso sin que se vislumbre un objetivo y una solución no hace más que lesionar los derechos de los imputados” y remarcó que “continuar el trámite significaría una violación del principio de legalidad”.
Además de desvincular a Menem del expediente -aunque lo seguirá investigando por supuesto enriquecimiento ilícito- sobreseyó al ex viceministro de Economía Carlos Sánchez, a la vez que ratificó el procesamiento del ex ministro de Defensa Oscar Camilión por supuesto “encubrimiento e incumplimiento del deber de funcionario público y al vicecanciller Juan Carlos Olima, sólo por encubrimiento.
Sobre Cavallo, el juez entendió que la única prueba contra el ex ministro de Economía era la firma de los decretos y que, al igual que en el caso de Menem, no alcanzaba para imputarle delito.
De cualquier forma, Speroni recordó las discrepancias de criterio que tuvo con la Cámara en lo Penal Económico sobre el rol de la Aduana (que dependía de Cavallo) en la concreción de la maniobra. Para el juez, el ex ministro dió órdenes de no controlar y por eso lo encarceló en abril de 2002, pero la Cámara entendió que esto no estaba probado y lo dejó en libertad dos meses después.