La confirmación del vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de José María Aznar, Mariano Rajoy, implica que en poco tiempo todos los detenidos quedarán en libertad, pero a la vez abrió un mar de dudas porque –al menos hasta el cierre de esta edición- se desconocía si se rechazaría formalmente el pedido de Garzón o por el contrario, simplemente la dejaría vencer.
Fuentes judiciales confirmaron que la diferencia no es menor, ya que si España comunica oficialmente a la Argentina el rechazo a la pretensión judicial, esto significa que los cuarenta represores –entre los que se cuentan los ex dictadores Jorge Videla y Emilio Massera- ya no podrán ser reclamados de aquí en más.
En cambio, remarcaron las fuentes, si el gobierno de Aznar se limita a dejar vencer el plazo máximo de presentación de los fundamentos, los ex militares recuperarían la libertad pero quedarían expuestos a pedidos posteriores por parte de España.
A nivel de las declaraciones políticas, el gobierno de Aznar rechazó el pedido del juez Garzón porque, según se dijo oficialmente, confía en la voluntad del gobierno de Néstor Kirchner de enjuiciarlos en la Argentina.
“No las hemos tramitado porque creemos en la firme voluntad del gobierno de Kirchner de proceder al enjuiciamiento de esas personas tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por parte del Congreso", explicó Rajoy.
El vocero explicó que el convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argentina (en texto adjunto se acompaña), firmado en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987, dispone en su artículo 11 como causa para denegar la extradición que “fueren competentes los tribunales de la Parte requerida, conforme a su propia Ley, para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición”.
En esa línea, en el acuerdo del Consejo de Ministros se dice que “desde la fecha de emisión de las órdenes internacionales de detención, y más en concreto, con posterioridad a la formulación de las propuestas de solicitud de extradición” de Garzón “se ha producido un hecho fundamental” que es “la anulación de las Leyes denominadas de Punto Final y Obediencia Debida”, por parte del Congreso argentino.
Rajoy aclaró además que si la Corte Suprema de Justicia de argentina no corroborara la anulación de las leyes el Gobierno español “se replantearía la solicitud de las extradiciones”.
Por eso, según trascendió el mismo acuerdo del Consejo de Ministros habría elevado a la Argentina un pedido de díficil solución práctica: que los cuarenta represores sigan detenidos hasta una resolución de la Corte Suprema.
Sin embargo, el juez federal a cargo de las detenciones en Buenos Aires, Rodolfo Canicoba Corral, adelantó por su parte que ante este escenario deberá liberar a los detenidos, aunque confirmó que al caer la tarde no había recibido ninguna confirmación oficial al respecto.
“Si España desiste formalmente, se acaba todo ya”, graficó Canicoba ante periodistas acreditados.
“El tratado (con España) es claro” remarcó el juez, y señaló: “transcurrido 40 días si no se requiere formalmente el pedido de extradición debe procederse a disponer la libertad” y aseguró que esa medida sería “inmediata” si la Cancillería comunica oficialmente la decisión española.
Por otro lado, apenas conocida la noticia de la resolución del Consejo de Ministros Español, algunos abogados defensores se mostraron en Comodoro Py 2002 para reclamar la “libertad inmediata” de sus asistidos.
Los letrados Víctor Guerrero Leconte y Juan Aberg Cobo, defensores del ex dictador Jorge Rafael Videla y del ex general de división Ramón Díaz Bessone, el ex general de brigada Jorge Olivera Rovere y el vicealmirante Luis María Mendía, se mostraron eufóricos con la decisión del gobierno español.
Aberg Cobo dijo que los pedidos de extradición “efectuados por el inefable Garzón carecían de sustento jurídico” e insistió en que se trató de una “cuestión política”.
En el gobierno, prudencia.
En la Casa Rosada primó la prudencia a la hora de opinar sobre la decisión española. El ministro de Defensa, José Pampuro, opinó que el gobierno “no se involucra en los términos de la Justicia”, aunque remarcó que ahora el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura “será analizado de ahora en adelante "en el marco de la jurisprudencia argentina".
Pero el presidente Néstor Kirchner fue más allá y dijo que su gobierno “mantiene la decisión de terminar con la impunidad”.
Al llegar al El Calafate, Santa Cruz, junto al presidente de Chile Ricardo Lagos, el presidente aseguró que se trata de “una decisión de España” y señaló que “se mantiene la posibilidad de que los militares cuestionados en la última dictadura sean juzgados por la justicia argentina”.