En un escrito de 11 carillas que el mismo Ribelli confeccionó en su lugar de detención y que fue presentado en el juzgado federal 9 por el abogado defensor del ex policía, José Manuel Ubeira, se dice que Galeano “dista mucho de ser el juez objetivo e imparcial que reclama la ley”.
Ribelli asegura que hay una “enemistad manifiesta” de Galeano, quien “siempre ha tenido un interés directo en la forma en que se desarrolla el proceso”.
Para la recusación, la segunda planteada por el ex comisario contra el juez que lo detuvo y procesó por el atentado, Ribelli se basa en las sorpresivas declaraciones en el juicio oral del agente de la SIDE Isaac Eduardo García.
Cuando declaró el 21 de agosto pasado ante el Tribunal Oral Federal 3, García admitió su participación en el pago de “una fuerte suma de dinero” a la esposa y el abogado de Carlos Telleldín justo antes de que el doblador de autos acusara a Ribelli y los otros policías bonaerenses.
Ribelli asegura que esa operación fue parte de “un proceso montado con el fin de enmascarar las verdaderas omisiones de organismos del Estado en la investigación” del atentado terrorista.
En esa línea, el abogado Ubeira asegura en el escrito que “la decisión de detener a mi defendido conjuntamente con otros policías fue una estrategia consensuada, entre otras personas, por vuestra señoría (Galeano) con otro de los imputados en este proceso (Telleldín) a cambio de una remuneración”.
Una causa conexa
La causa en la que se produjo la recusación de Ribelli a Galeano es un desprendimiento de la investigación por el atentado a la AMIA, que comenzó cuando a través de escuchas telefónicas se detectaron varios casos de supuestos aprietes a delincuentes y comerciantes en la zona de Lanús, similares a la que habría sufrido Telleldín, que terminó –según los acusadores- en la entrega de la camioneta que se usó como coche bomba en el atentado.
En esta causa, Ribelli está procesado con prisión preventiva por los delitos de extorsión en grado de tentativa, falsedad ideológica de documento público, violación de los deberes de funcionario público, extorsión y asociación ilícita, al igual que uno de sus segundos, el subcomisario Juan Roberto Maisú.
También está procesado en esta causa Raúl Ibarra -otro de los sindicados partícipes necesarios del atentado-, a quien se le imputan dos casos de privación ilegal de la libertad agravada, falsedad ideológica de instrumento público y extorsión.
Además, están detenidos por esta causa otros dos ex oficiales de Lanús, imputados en la causa AMIA por las extorsiones a Telleldín: Oscar Bacigalupo y Marcelo Albarracin. En total, son once los hechos de extorsión e irregularidades varias en el accionar policial.