La medida la tomó el Juzgado Penal nº 4 de Oviedo contra un ex gerente de la empresa Viveros del Sueve, quien además tendrá que afrontar el pago de indemnizaciones a las víctimas con cantidades que oscilan entre los 25.000 y los 60.000 euros.
El caso se debatió en la justicia cuando las empleadas sospechaban que bajo sus mesas y en los sanitarios existía un sistema de cámaras ocultas con las cuales Díaz las espiaba.
La denuncia se formuló en octubre de 2001 y una posterior investigación de la Guardia Civil descubrió tres cámaras, dos de ellas situadas bajo las mesas de las trabajadoras y otra en los baños del edificio, las cuales estaban conectadas a un vídeo instalado en el despacho del gerente, a quien se le intervinieron diversas cintas en su domicilio.
A raíz de estos hechos 22 trabajadores de la compañía interpusieron acciones legales en contra de Díaz, quien al momento de prestar su declaración reconoció que instaló ese sistema con el fin de espiar a una empleada con la cual estaba obsesionado.