22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

LA CAJA.

 
La historia dirá que fue la primera aparición pública de Kirchner junto a un empresario (el establishment fue víctima de una dura veda inicial en donde K y su entorno no ahorraron frases y gestos gélidos y punzantes). En aquella ocasión el anfitrión resultó ser el experimentado hombre de negocios Julio Werthein, que como dueño de casa recibía al Presidente en el recinto de la Bolsa de Comercio. Recientemente y luego de preocuparse por demostrar que no venía a hostilizar sino solo a marcar cancha, Kirchner decidió volver a la catedral de los “hombres de la bolsa” para anunciar el proyecto que procura alentar una fuerte inversión en el sector de las telecomunicaciones por medio de la constitución de un intrincado fideicomiso, que ni con el libro de Silvio Lisoprawski a mano era fácil de entender. El tema no era de dificultades técnicas o didácticas, sino de quién pone la plata para constituir el fondo. A quien no se lo vio sonriente como en la visita inaugural, junto al presidente, es a don Julio. No se sabe si es por la frase que el líder de los Werthein dijo en clara dirección de la política presidencial: “es hora de que dejemos de ocuparnos del pasado” o que al entorno K le hayan llegado las conclusiones de un durísimo informe que circula por áreas técnicas del gobierno, relacionado con el cuestionamiento de la manera en que se llevó adelante la privatización de la ex Caja de Ahorro y Seguros, hoy La Caja y nave insignia de la familia Werthein. Tocando un punto especialmente sensible para la ola revisionista de esta administración, estas conclusiones podrían terminar por poner en el eje del debate a una de las pocas privatizadas que no habían sido señaladas con el dedo cuestionador hoy en pleno auge. El informe, que todavía no tomó estado público, compromete seriamente a algunos profesionales del derecho que vendieron su alma al diablo trabajando a ambos lados del mostrador durante el proceso de privatización y otros que en vez de pagar, terminaron cobrando. A seguro lo llevaron preso (pero lo largaron enseguida).

¿Y POR CASA COMO ANDAMOS? Entre nota de color y diagnóstico crítico, esta semana se conocieron polémicas declaraciones del siempre polémico primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Nadie mejor que él, como dueño de medios de comunicación y eternamente entreverado en el juego del poder, para poner el dedo en la llaga: “Los jueces están locos. Son personas mentalmente desequilibradas. Si hacen ese trabajo es porque tienen problemas psiquiátricos, porque son diferentes antropológicamente del resto de la raza humana", así disparó el premier peninsular desde las páginas del semanario británico The Spectator. Más allá de que él afirma haberlo dicho en confianza (al mejor estilo del oriental Batlle), no es una reflexión que deba caer en el vacío. Sobre todo pensando que los jueces italianos, con la famosa “mani pulite” le han hecho el “culiti tocatti” a más de un político. Lo cierto es que el tema de la condición psicológica de los jueces también tuvo su correlato por estas tierras y no hace tanto. Apenas inaugurado el Consejo de la Magistratura, uno de los primeros debates que se dieron era cuál era el perfil de magistrado que se pretendía para nuestro sistema. Mucho tiempo se debatió si los jueces, además del puntaje por antecedentes y por el concurso por oposición deberían pasar por un examen psicológico. Javier Fernández Moores, quien por ese entonces asomaba como un líder sustentable de la dirigencia judicial –hoy ya dejó la magistratura-, apoyó la iniciativa pero sin demasiado respaldo de sus pares. Está comprobado que el creciente protagonismo político de los jueces no les gusta un pito a los políticos. Sea el diestro Berlusconi en Italia o el siniestro Kirchner en estas patagonizadas pampas (pasando por los hermanitos Saá en San Luis, el emperador Juárez en Santiago del Estero o el mismísimo Aznar con su Baltasar a cuestas), todos quieren disciplinar a los jueces. Y para esto, toda herramienta es válida: hasta los mismos Colegios de Abogados e instituciones intermedias que gozan de cierto halo de prestigio, se prenden en esto de los premios y los castigos haciéndole el juego a los políticos que dicen despreciar. La cucarda del juez del mes a quien me gusta o el pedido de auditoría y juicio político para aquel díscolo que no me resulta compatible. Política y justicia: un eterno juego de pesos y contrapesos donde ningún jugador es inocente. A tenerlo en cuenta.

DANZA MEDIATICA. Es la que se bailó en los pasillos de los tribunales federales durante la semana que pasó, que comenzó el lunes con una nutrida delegación de dirigentes de organismos de Derechos Humanos, que trajinaron despachos esquivando periodistas -repetían una y otra vez que tenían que “consensuar” sus declaraciones- y buscando que de una u otra manera Bussi, Astiz, Menéndez y otros personajes de la dictadura militar siguieran en prisión. No lo lograron, ya se sabe, pero tanto movimiento en los pasillos y en la vereda, donde periodistas variopintos, iban, venían y paraban la oreja escuchando a los “acreditados” -mas experimentados en temas judiciales- en busca de primicias. Tanto movimiento también tentó a algunos fiscales federales que, solícitos, pusieron primera y movieron fichas que terminaron conformando a los ávidos cronistas. Primero, el fiscal Guillermo Marijuán tomó una medida que muchos esperaban: denunció a los militares reclamados por el juez Baltasar Garzón por los mismos delitos. Lo que sorprendió fue como, más tarde, otro fiscal, Miguel Ángel Osorio, también se descolgó con lo suyo: pidió la captura de una decena de militares, incluidos el electo intendente de San Miguel de Tucumán y el trístemente célebre “Ángel Rubio” de la Marina, por una causa que tenía a mano, la de la coordinación de las dictaduras militares latinoamericanas en el “Plan Cóndor”, una especie de Mercosur de la Muerte que funcionó en el Cono Sur en la década del 70’. Fue, por cierto, una medida que no cayó nada bien en el juzgado de Jorge Urso, donde la causa se ralentizó luego que el secretario federal que la impulsaba, Oscar “El Mono” Aguirre, cayera en una combustiva relación con su magistrado subrogante y terminara retirándose a ejercer la profesión en forma privada, lejos de los surtidores del poder. Lo cierto es que en el juzgado de Urso apuntaron un dato cierto, que ya había sido detectado por Diariojudicial.com en su edición del lunes: en el apuro, el fiscal Osorio pidió la captura del ex dictador Jorge Rafael Videla, uno que ya está con procesamiento y prisión preventiva confirmada desde mayo de 2002 por el secuestro de 72 extranjeros en suelo argentino y como cabecilla de una asociación ilícita, precisamente en la causa Cóndor, en la que incluso se lo volvió a interrogar y se le amplió el procesamiento por más delitos. Cuando se actúa a ritmo ajeno, siempre hay lugar para los bloopers.

CARGOS Y CARGAS. La semana pasada ya habíamos vaticinado los problemas a los que se podría enfrentar el Ejecutivo y luego el Senado ante el amontonamiento de ternas para cubrir las vacantes remitidas por el Consejo de la Magistratura para tapar los baches judiciales federales y nacionales. Ahora el malestar ronda por los pasillos del fuero comercial, donde los magistrados se ven desbordados de trabajo en manera creciente –no todos los juzgados trabajan hasta las 8 de la noche, como en el de la juez Uzal-. Ahora, Carlos Maria Ferrario, titular del juzgado 6, es el último en partir, dejando vacante ese lugar para el descontento de sus atareados colegas. Siguen las abdicaciones, siguen los apuros, y si las soluciones no llegan pronto, podrían trabarse miles de causas “por cuestiones de firma”. Por eso desde Justicia proponen como solución de emergencia el traspaso de media docena de juzgados laborales, que con la ley de mediación obligatoria –donde los trabajadores confirman día a día el “más vale pájaro en mano...” - ha visto descender su volumen de trabajo en forma notoria. Vamos a ver si los de comercial los reciben con los brazos abiertos o los tratan como a todo nuevo vecino, que siempre es mirado como sapo de otro pozo. Lo cierto que el Ejecutivo tendría que hacer honor a su nombre y destrabar las 20 ternas demoradas que aún no han sido definidas, sobre todo cuando la ecuación promedio es de un nombramiento contra tres jueces que se van alejando de sus cargos. Hay 60 nuevas ternas que el Consejo de la Magistratura está preparando, de las cuales 18 están ya por salir, veremos si los muchachos se ponen las pilas.



alejandro s. williams / dju
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