En un dictamen de 77 carillas, el fiscal Stornelli reclamó que se incorporen al expediente por el cual se encuentran procesados y con prisión preventiva el ex presidente Carlos Menem y varios de sus ministros, las causas que se instruyen en el juzgado Federal de Río Cuarto, a cargo de Edgardo Filippi, y en el Tribunal Oral Federal de aquella provincia, donde se investigan las voladuras registradas en la fábrica, el 3 y el 24 de noviembre de 1995.
Según entendió el fiscal, ese hecho en el cual murieron ocho personas, habría tenido “como objetivo encubrir” la venta ilegal de armas, a la vez que advirtió que “existen elementos suficientes que permiten sospechar que la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero habría sido intencional”.
Según fuentes judiciales confiables, el juez Urso adoptaría como propio el criterio de la fiscalía y solicitaría la remisión de la causa que investiga la justicia cordobesa en breve.
Stornelli destacó en su dictamen que de acuerdo con los elementos y testimonios colectados “el acaecimiento de la voladura habría tenido como origen decisiones adoptadas en esa jurisdicción en el marco de la organización criminal” investigada por el juez Urso, quien sostiene que existió una asociación ilícita que tuvo en sus manos la venta ilegal de las armas que, en su mayoría provinieron del Ejército Argentino.
Asimismo, recordó en su dictamen una conferencia de prensa ofrecida por el ex presidente Menem el mismo día de la explosión de Río Tercero, en la cual “sin haberse entrevistado con los directivos de la Fabrica Militar, no dudó en afirmar que se trataba de un accidente negando categóricamente que haya sido un atentado”, dichos que a su entender “no se ajustan a la realidad”.
Según consta en la presentación, un supervisor de la planta siniestrada aseguró que la explosión “fue para destruir pruebas acerca de la existencia de municiones”. Stornelli consideró relevantes los dichos del supervisor de ese establecimiento, Omar Gaviglio, quien señaló que “la fábrica era el lugar donde se preparaba el material bélico perteneciente al Ejército para ser exportado, se reparaba el mismo, se lo reacondicionaba, se eliminaban la insignia nacional y el código de identificación y se lo repintaba, como sucedió en el caso de los cañones enviados a Croacia”.
Recordó que cuando fue interventor de Fabricaciones Militares el fallecido general Juan Carlos Andreoli, este libró una circular por la cual se obligaba al personal a guardar reserva con todo asunto de servicio, y entendió que “se quería asegurar que los empleados de la fábrica no expusieran nada de lo que habían visto” como todo aquello relacionado con la venta de las armas.
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Con gusto a alfajores 23/5/2001