VOCERO. Después de algunas idas y vueltas la Corte Suprema de Justicia finalmente nombró a quien tendrá la función de comenzar a hablar en lugar del presidente del cuerpo, Carlos Fayt. De ahora en más los temas de la Corte deberán pasar por las manos de José Luis Lamanna, quien ya había cumplido una función similar cuando se desempeñó como portavoz del ex Jefe de Gabinete Jorge Rodríguez. Fayt tenía la idea de nombrar un “comunicator” desde su llegada a la presidencia del Máximo Tribunal con el fin de cambiarle la cara y que los temas supremos pudieran contar con una voz autorizada para ser transmitidos. Pero, según se comenta en el cuarto piso de Talcahuano 550, la decisión no fue del todo bien tomada por la Dirección de Prensa de la Corte a cargo de Graciela Ramé, ya que con la aparición del nuevo jugador, esta dependencia dejaría de tener el peso que alguna vez tuvo. Será por eso que desde allí se apresuraron a aclarar que Lamanna sólo tendría un cargo de prosecretario –un interinato de tres meses- y que a fin de cuentas Ramé tiene cargo de Directora. Las voces consultadas comentaron que Fayt, con la designación del nuevo vocero, encontró la mejor forma de darle un golpe la señora directora, con quien al parecer tiene un conflicto de vieja data. Si algo se propuso el decano de los cortistas es que el tribunal borre por completo el paso del catamarqueño ex mandamás de la Corte por la presidencia del tribunal, y parece que Graciela Ramé le trae algunas reminiscencias. Paradójicamente, la Corte puede cogobernar con el Ejecutivo y definir cuestiones de Estado, pero lo difícil es que pueda nombrar un nuevo vocero: un cargo de prosecretario interino no suena del todo acorde con la importante función que le tocará desempeñar. Sucede que los empleados del Poder Judicial gozan de inamovilidad y la incorporación de un nuevo miembro debe ceñirse a los cargos disponibles, que por cuestiones presupuestarias y de austeridad son prácticamente inexistentes. Decisiones sí, empleados no.
LA DOCE. Sorprende el magnetismo que ejerce el Juzgado Federal N° 12, a cargo de Sergio Torres para con las megacausas por violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura militar. Como se sabe, hace ya dos semanas la Cámara Federal mandó a sorteo dos expedientes que se había paralizado en la década del 80, Obediencia Debida y Punto Final mediante. Uno, bastante avanzado, el de los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, y otro, más grande y casi en pañales, sobre desapariciones, torturas y asesinatos en el amplio territorio del Primer Cuerpo del Ejército. De entrada, este último expediente quedó en manos de Torres, quien sin embargo pergeñó un enroque con la destinataria de la causa ESMA, la juez María Servini de Cubría, que no la quería porque un candidato a la prisión preventiva en esa causa, el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, la tiene querellada y se prodigan mutua antipatía. Pero después, Servini no aceptó la compensación de expedientes porque, dijo, eran de facturas bien distintas. El juez Torres pasó el asunto a la Cámara, y el presidente del Cuerpo, Martín Irurzun, decidió que Servini debía hacerse cargo. Esto obligó a Servini a mostrar todo su juego y sorprendió con un extenso escrito donde detalla la relación que su marido, brigadier retirado de la Fuerza Área y ella misma mantiene con algunos de los imputados en la causa del Primer Cuerpo. Pero en el escrito, que la juez hizo llegar a la Sala de Periodistas y fue la comidilla sobre el final de la semana en los pasillos de Comodoro Py, Servini fue, sin que nadie se lo pidiera, todavía más allá. Explicó por ejemplo que su marido trabajó con el dictador Jorge Rafael Videla, y hasta relató por arriba un atentado que sufrió el brigadier, su madre y sus hijos y ella misma, y que por ese hecho teme no ser ecuánime a la hora de instruir el expediente. La Cámara aceptó la excusación aunque no sin recelos (se dice en el segundo piso de Py que la titular del Juzgado Federal 1 tendría que haber “blanqueado” sus relaciones personales apenas recibió el expediente, y no luego que la oposición a la compensación de causas no prosperara). La cosa es que la causa se sorteó de nuevo y ¿dónde cayó? Paradojas del azar: como la primera vez, en el Juzgado 12. Apenas se enteró, Torres comenzó a redactar un escrito de dos carillas, donde rechazaba la causa porque no podía hacerse cargo de otro megaexpediente (recordar que ya se había quedado con la causa ESMA). Mientras el juez trajinaba su PC para darle forma jurídica a un argumento de sentido común (algo así como “no puedo con todo, sorteen de nuevo pero fíjense que no me toque a mí”), un ordenanza del juzgado salió raudo “a jugarle al doce”... y ganó.
MERCEDES. Se descomprimió, al menos en parte, el malestar del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires por el proyecto de la Legislatura bonaerense que intenta poner en marcha el fuero Contencioso Administrativo de la provincia. Los abogados habían expresado su total disconformidad con el texto aprobado por la Legislatura al considerar que no se había cumplido con lo acordado en la mesa de diálogo, formada para lograr consenso respecto del texto definitivo, y cuyo objetivo era la pronta implementación del fuero Contencioso en toda la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la sentencia de la SCJBA. Por ello, en los pasillos del colegio de letrados platenses es tomado como un triunfo el veto parcial del gobernador Felipe Solá a la norma que pone en marcha este fuero, haciendo lugar a las observaciones realizadas por el colegio de abogados. El decreto es el número 1524, a través del cual el Poder Ejecutivo bonaerense vetó parcialmente la ley sancionada por la Legislatura local que introdujo diversas modificaciones a la ley 12.008 -Código Procesal Contencioso Administrativo- y otras normas en la materia. En su artículo primero, el decreto le dio la razón al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que objetó lo establecido en el artículo 14 de la ley 12.074 y sus modificatorias, que establecían que “el Juzgado Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Mercedes tendrá su asiento en la ciudad de Salto”, párrafo observado en el decreto de veto. En los considerandos respectivos se remarca que la ciudad de Mercedes se encuentra emplazada en mejor ubicación relativa, en virtud de su mayor densidad poblacional y un mayor índice de litigiosidad.