Temprano a la mañana, el abogado Ricardo Monner Sans presentó una denuncia contenida en cuatro carillas, que quedó radicada en el juzgado de María Servini de Cubría, donde se pide la declaración indagatoria del ex presidente de la Nación, Fernando De la Rúa y del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, a quienes señala como los responsables de la “desfinanciación” de las AFJP.
Monner Sans pidió que se analice la responsabilidad de quienes “pudieron haber dictado las normas que obligaron a las AFJP a que el producido de los depósitos a plazo fijo cuyos titulares sean los fondos de jubilaciones y pensiones que administran las AFJP, debía destinarse a la suscripción de letras del tesoro en pesos o en dólares estadounidenses (LETES)”.
El abogado remarcó que la resolución 807 del ministerio de Economía del 5 de diciembre de 2001 obligó a las AFJP a comprar LETES con el saldo de sus plazos fijos. Para el abogado “parece ser una de las razones de la desfinanciación de las AFJP” y aseguró que “deberá convocarse a declarar" a Cavallo “en el carácter que (la jueza) disponga”.
Sobre De la Rúa, el denunciante entiende que “deberá se interrogado en tanto superior jerárquico del recordado Cavallo” y remarcó además que se investigue a “quienes han integrado la superintendencia de las AFJP” porque “sería penalmente responsable por las acciones y omisiones indebidas en que incurriere en el ejercicio de sus obligaciones y deberes”, según lo establece el artículo 123 de la ley 24241.
Otra denuncia
En tanto otra denuncia quedó radicada también en la justicia federal por el mismo tema y el mismo presunto delito, de “defraudación”. En este caso, los abogados Marcelo Parrilli y Antonio Liurgo reclamaron una pericia contable para determinar “qué cantidad de valores absolutos y porcentuales percibieron en carácter de comisión”.
En lugar de apuntar a las resoluciones del ministerio de Economía, los letrados recordaron que en el mes de septiembre de 1993 se dictó la ley 24241 y pidieron la inconstitucionalidad de la norma que permitió “el nacimiento del nuevo régimen de jubilaciones y pensiones privadas”.
“Ocurrió en toda la década privatizadora: se utilizó la propaganda mediática para mostrarnos como, con la anuencia de bancos de gran solvencia y un aporte mensual se garantizaba una vejez sin privaciones", se lee en la presentación de los denunciantes.
La denuncia añade que “con esa metodología las administradoras cobraron las comisiones mayores del planeta, mientras la Superintendencia de Aseguradoras de Fondos de Pensión no cumplía con la normativa que daba origen a su función”, indicaron.
“El negocio era perfecto, las AFJP le prestaban a un estado quebrado y el ministro (en referencia al ex titular del Palacio de Hacienda, Domingo Cavallo) hacía la vista gorda. Todo cerraba en una misma armonía”, remarcaron Parrilli y Liurgo.