Por medio de la acción, la entidad pretende que a los usuarios del servicio de estacionamiento se les facture sólo el tiempo real que sus vehículos permanecen en las playas ya que considero que el método de fracción por hora constituye un abuso.
En ese sentido, desde el Ministerio de Sanidad y Consumo informaron que la entidad inició la acción judicial a raíz de un informe que elaboraron las Comunidades Autónomas de consumidores que detectó la existencia de cláusulas abusivas por parte de las empresa de aparcamiento.
Desde las empresas cuestionaron la legitimidad de la entidad de usuarios para iniciar la acción, pero desde el Ministerio recordaron que la misma es un organismo que “está legitimado para solicitar a los tribunales de justicia que impongan el cese de conductas contrarias a los intereses de los consumidores en virtud de las recientes modificaciones que se han producido en la legislación procesal y en la normativa de defensa de los consumidores y usuarios".
Además, trascendió que el Instituto tiene previsto reunirse con las asociaciones que agrupan a las empresas de aparcamiento con el objetivo de establecer códigos de conducta que eviten las prácticas abusivas que han sido denunciadas.