En el Ministerio de Justicia es un secreto a voces que el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura ingresó por el garage al edificio de la cartera -frente a la Bolsa de Comercio- y allí mantuvo la tan esperada reunión con el hermano del presidente. Nazareno, en términos llanos, le explicó que si los ministros de la Corte se jugaban por el recorte explícitamente y justificaban su decisión, cualquier abogado hubiese podido argumentar que esa eventual acordada significaba un “adelanto de opinión” y pedir una recusación generalizada.
En esa posición podría haber quedado el juez Adolfo Vázquez, que emitió ayer en la acordada un voto concurrente: con una idéntica parte resolutiva pero mostrándose sin miramientos a favor de la medida del Ejecutivo. Así, opinó que “si el universo de agentes públicos sufre sin discriminación un descuento de carácter absolutamente general, también debe ser aplicado al Poder Judicial sin exclusión sectorial”.
¿Cuáles hubiesen sido las consecuencias de una posible recusación masiva de los ministros del Alto Tribunal? En la Corte existe una lista de conjueces –así lo dispone la ley de organización de la justicia- compuesta en su mayoría por juristas de renombre. La situación que habrían analizado Nazareno y De la Rúa es que con esos doctrinarios del derecho sentados en el cuarto piso del palacio de Justicia el margen de negociación quedaría notablemente reducido, y el Gobierno podría llegar a sufrir una declaración de inconstitucionalidad del recorte en su conjunto si alguno de los tres amparos presentados esta semana llegara a la máxima instancia jurisdiccional.
Consultado por este medio, el constitucionalista Daniel Sabsay opinó que en la acordada de la Corte tal cual salió “no hay de ninguna manera prejuzgamiento, ya que ha sido redactada con mucho cuidado y se ha limitado sólo al Poder Judicial, sin opinar respecto de la Administración”.
Diariojudicial.com tuvo acceso a la lista de conjueces, que cuenta con ocho nombres y que integraba precisamente el ministro De la Rúa antes de asumir su actual función ejecutiva. Ellos son Guillermo Antonio Borda, Carlos José Colombo, Julio César Cueto Rúa, el ex defensor de Carlos Menem Mariano Cavagna Martínez, Luis Francisco Lozano, Mario Alberto Molmenti, Herminio Mario Morosso y Horacio Antonio Zannoni.
Como vino adelantando este medio durante la semana, de la acordada de la Corte (16/2001) no surge la posibilidad de ningún tipo de recorte salarial, sino un simple y tenue requerimiento de “adopción de medidas de ahorro en materia de gastos de administración” al Consejo de la Magistratura y al Administrador General del Máximo Tribunal, Nicolás Reyes, aunque para aquietar los ánimos haya habido versiones divulgadas por el subsecretario de Comunicación de la Presidencia, Juan Pablo Baylac, de que habría un rebaja en los sueldos del 13 por ciento.
Por otro lado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial se puso en estado de alerta a través de una comunicación interna con el objetivo de cumplir con “la defensa de la intangibilidad” de sus ingresos, a la que consideraron “irrenunciable”, ya que garantiza “el derecho de la sociedad de contar con jueces independientes”.
Sin embargo, dejaron a salvo cualquier “iniciativa individual” de cada magistrado que “corresponda a su fuero interno”, pero exhortaron a los agremiados a “actuar con el recato que impone la función y las delicadas circunstancias” que atraviesa el país.
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