La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMyFJN) advirtió en su comunicado nº 134/2003 que la suspensión que el Senado de la Nación dispusiera a Moliné O´Connor no encuentra sustento en las previsiones constitucionales, y afecta gravemente garantías fundamentales inherentes al desenvolvimiento de los poderes del Estado, modificando anticipadamente la composición de la cabeza del Poder Judicial. No obstante reconoce la indiscutida atribución constitucional del Senado para juzgar en juicio público a quienes resulten acusados por la Cámara de Diputados a la vez que destacó que esa atribución “no debería ser ejercida en exceso de los límites que al efecto impone la Constitución Nacional” norma fundacional que no ha previsto como necesaria, posible o conveniente la disposición de medidas como la adoptada durante la sustanciación del proceso. No es menor la preocupación de la Asociación por la posibilidad de que los jueces sean destituidos por el contenido de sus sentencias y no por los motivos previstos constitucionalmente, concluyó el comunicado. (TEXTO AL FINAL)
Renuncias
Por medio del decreto 914/2003 el presidente de la Nación aceptó la renuncia del Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Pcia. de Santa Fe, doctor Jaime Wolf BELFER. La misma tendrá efectos a partir del 30 de noviembre de 2003.
Asimismo, por decreto 915/2003 se aceptó la renuncia del Juez de Cámara de los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, Tribunal N° 17, doctora Isabel Rosa POERIO de ARSLANIAN, la cual operará a partir del 1 de noviembre de 2003.
En libertad
Tal como adelantó Diariojudicial.com la jueza María Angélica Crotto dispuso la excarcelación bajo caución juratoria del subcomisario de la bonaerense Lovaiza, quien protagonizó una gresca con un grupo de travestis. De ese modo, la magistrada hizo lugar al pedido que interpuso el abogado Elías Sassón con el fin de que Lovaiza fuera puesto en libertad.
Crisis carcelaria
El juez Rolando Cejas, de la Cámara Primera en lo Criminal de Formosa, advirtió que en esa provincia existe una superpoblación carcelaria y argumentó que la despreocupación gubernamental por la situación se da porque “los presos no votan”. Además, Cejas continúo con las criticas cuando expresó que los policías “cuando no tienen los medios, no tienen cómo cuidar debidamente para separar a procesados a condenados, incluso como la ley lo ordena, y con mayor razón a los recién ingresados por uno o dos días por contravencionales”. Asimismo, expresó que existen inconvenientes en la ejecución de penas en toda la provincia.
Reformas a la ley del aborigen
El Poder Ejecutivo salteño envió a la Cámara de Diputados un decreto de necesidad de urgencia con el fin de introducir cambios sustanciales en dos artículos de la ley 7.121, de desarrollo de pueblos aborígenes. Según, trascendió se buscaría incluir los proyectos del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) en el presupuesto general del Estado provincial. En los considerandos se destacó que resulta “necesario” y “urgente” establecer las modificaciones a fin de que "los mecanismos de percepción y aplicación de fondos del IPPIS se ajusten a los principios que rigen la administración de la hacienda pública".
Siguen la protesta
Por tercer día consecutivo los empleados judiciales realizaron un paro de actividades desde las 10 de la mañana en reclamo por el retroactivo de 1000 pesos que la Corte se niega a pagar hasta tanto no sea autorizado por la Jefatura de Gabinete de la Nación. Los trabajadores comenzaron una ruidosa protesta en la Planta Baja del Palacio de Tribunales, para luego subir hasta el tercer piso desde donde entonaron cantos en contra de los ministros del tribunal y en reclamo por el aumento de 200 pesos. Por su parte la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, anunciaron que el próximo martes realizaran un paro de 24 horas, el cual amenaza a congestionar por completo la actividad del Palacio de Tribunales.
No quieren que “Colores” quede libre
Los fiscales federales Luis Comparatore y Patricio Evers se opusieron a la excarcelación del represor Juan Antonio “Colores” Del Cerro, detenido desde octubre de 2000 en la causa por la desaparición del matrimonio Poblete-Hlazyc. La defensora oficial del ex policía, Silvia Otello Rella, argumentó que el represor debía ser puesto en libertad porque pasaron los tres años que la ley permite la prolongación de la prisión preventiva. Sin embargo, para los fiscales la gravedad de los delitos que se le imputan a Del Cerro “implica que en caso de recaer condena, la misma será de carácter severo y de cumplimiento efectivo”. Para Evers y Comparatore, esto “resulta suficiente para suponer que, en caso de acceder a la libertad, el imputado intentará seguro sustraerse al accionar de la Justicia (si es que antes no perece víctima de una turba embravecida)”, concluyeron los fiscales, indicando que el carácter ”político” del delito genera la repulsa de “un amplio sector de la sociedad”.