Los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi hicieron lugar al pedido de excarcelación interpuesto por las defensas de Vaca Narvaja y Perdía en el marco de la causa donde se investiga la desaparición de un grupo de militantes de la organización Montoneros durante la “contraofensiva” que encararon contra la dictadura militar en 1980.
Son dos resoluciones –uno para cada ex jefe montonero- que Diariojudicial.com publica íntegros, en donde también se dejó sin efecto la orden de captura internacional que pesaba contra el ex líder de la agrupación, Mario Firmenich, quien se encuentra en calidad de prófugo desde hace más de dos meses.
Los jueces declararon la “nulidad” de todo lo actuado por Bonadío, al entender que sus resoluciones “se encuentran insuficientemente fundadas” porque indagó y procesó a los ex jefes montoneros sin tener elementos de prueba suficientes en su contra.
Para los camaristas, la interpretación de Bonadío en torno a una supuesta “connivencia” entre los líderes guerrilleros y los militares de la dictadura para atrapar y asesinar a los militantes que reingresaban al país “es difícil de comprender”.
Irurzun, Cattani y Luraschi dijeron que la asociación ilícita que secuestró y asesino a los montoneros estaba “enquistada” en el Ejército y no está probado ningún tipo de “acuerdo” de las Fuerzas Armadas con los líderes montoneros.
“Es difícil comprender el modo en que ciudadanos particulares, a través de la toma de una decisión individual, pudieron prestar un auxilio imprescindible para que los integrantes de la asociación ilícita realizaran los actos delictivos que se les imputan”, indicaron los camaristas.
En este sentido, concluyeron que “la determinación (de los militantes) de regresar a la Argentina durante el período de terrorismo de estado no puede calificarse como aporte indispensable para el ejercicio de represión ilegal por parte de agentes estatales”.
Y fueron más gráficos, concluyeron que ese razonamiento de Bonadío se equivale a la posibilidad de atribuir responsabilidad penal como partícipe necesario “al vendedor de un automóvil por los delitos de los que pudiera resultar víctima su comprador”.
“No es posible establecer fundadamente una connivencia entre los ex jefes montoneros y los restantes imputados en la causa", concluyeron los jueces y resaltaron que un jefe de esa organización, Horacio Campligia, es precisamente uno de los desaparecidos del expediente.
No les hizo caso
Además, los camaristas recordaron que en una resolución anterior dictada en enero último ellos habían fijado como criterio que la causa tramitaría por el nuevo código penal y remarcaron que el juez Bonadío desoyó esa resolución y tramitó la investigación según el “Código Viejo” utilizando “normas de procedimiento inaplicables”, concluyeron.
Para los camaristas, de esta forma el juez soslayó “las formas que mejor aseguraran un amplio ejercicio del derecho de defensa” por lo que ordenaron la “extracción de testimonios” para evaluar el posible delito de prevaricato “y otros delitos de acción pública” por parte del juez.
La causa ya se sorteó y será el juez Norberto Oyarbide quien investigue la denuncia, confirmaron fuentes judiciales. Además, fuentes de la cámara confirmaron que se notificó de esta resolución al Consejo de la Magistratura.
Además, tras el apartamiento del juez de la causa, quien entienda desde ahora en el expediente será el titular del juzgado federal 4, Jorge Luis Ballestero.